Hace dos semanas, Salvador González (Málaga, 1968) asumió la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. El CGAE, como se conoce por sus siglas, con sede en Paseo de Recoletos número 13, es el organismo encargado de defender los intereses de los 240.000 abogados que hay en España. El malagueño, primer presidente andaluz de esta institución, asume el papel de guardián de los derechos del colectivo y toma el control de un presupuesto de más de 12 millones de euros anuales, un dinero que viene del bolsillo de los propios letrados.
González recibe a CincoDías en la sede del consejo para explicar cómo encara esta nueva etapa. El presidente se tomará un descanso en tierras gallegas para afrontar un mes de septiembre que se prevé intenso con las pilas cargadas.
Pregunta (P). ¿Cómo ha sido el aterrizaje en el CGAE? ¿Ha podido agendar alguna reunión institucional?
Respuesta (R). Tomé posesión el viernes 19 de julio y la semana pasada aterricé en Madrid. Realmente he tenido tres o cuatro días hábiles de trabajo y es un momento difícil también en lo político por el parón legislativo. He quedado con el ministro en verlo a la mayor brevedad posible.
P. ¿Ya tiene deberes para el ministro de Justicia?
R. Sí, algunas de las cuestiones ya las expuse en el discurso de toma de posesión. Tenemos un problema con la justicia gratuita y, aunque quizá no dependa directamente del ministro, con la previsión social de nuestros compañeros. Estas dos cuestiones son muy urgentes.
P. En su discurso aseguró que luchará por que los mutualistas tengan una pensión digna. ¿Ha tenido tiempo de hablar con ellos?
R. El miércoles pasado reunimos a las plataformas y asociaciones junto con los colegios y consejos autonómicos que han estado preocupados por esta cuestión. Compartimos las fundamentaciones de los informes que han elaborado, muchos de ellos emitidos por grandes profesionales (universidades, despachos, magistrados eméritos…). La opinión pública debe saber que lo que estamos reclamando los abogados no es una reclamación gremial más, sino que es una situación injusta que se ha producido a través de una legislación titubeante que ha dificultado las posibilidades de opción del profesional y que tiene como resultado pensiones que no son dignas.
La opinión pública debe saber que lo que estamos reclamando es una situación injusta que se ha producido a través de una legislación titubeante
P. ¿Quién debe asumir la responsabilidad?
R. El Estado tiene que asumir la responsabilidad y responder. Lo que no podemos hablar es de falta de cotización de los compañeros, sino de un sistema que no ha sido hábil. Los mínimos de cotización estaban en manos de la Seguridad Social. Hoy el mínimo está en el 80% de la cuota del autónomo. Se podía haber puesto desde el principio. Lo que quiero es trasladar cuanto antes al ministerio es que las bases de la solución tienen que ser lógicas, fundadas y respetuosas con los derechos constitucionales que tienen nuestros compañeros.
P. ¿A qué se refiere?
R. En virtud del artículo 41 de la Constitución española el sistema prestacional lo pone en marcha el Estado, creando una excepción a través de las mutualidades. Pero esa excepción está tutelada por la Seguridad Social en conjunto. Entonces, la solución no debe argumentarse con parámetros erróneos como el de “personas vulnerables” o “tramos temporales”, sino con los artículos 41 y 50 de la Constitución: pensión digna y un sistema de seguridad social para todos los ciudadanos, incluidos los abogados. A partir de esos mínimos, construir la solución es una cuestión que debe abordar el Ministerio de Seguridad Social.
Los mínimos de cotización estaban en manos de la Seguridad Social. Hoy el mínimo está en el 80% de la cuota del autónomo. Se podía haber puesto desde el principio
P. ¿Cómo valora el plan de Ribón, el decano del Colegio de Madrid, en este asunto?
R. Hay que agradecerle que ponga esa opción encima de la mesa. Pero también a los colectivos y a la abogacía institucional que han puesto mucho conocimiento y reflexión en la situación actual. Lo que se haga tiene que partir de lo que dice el informe de María Emilia Casas, de lo que dicen los informes de Anama, de la plataforma J2, del Colegio de Málaga, del de la Coruña, del Consejo de la Abogacía Catalana… Porque todos coinciden en lo básico: cómo se ha llegado aquí, dónde están las responsabilidades y quién tiene que responder de manera urgente, porque esto ya está afectando a muchos compañeros.
P. ¿Está de acuerdo en que los colegios tomen la iniciativa en estos asuntos que son nacionales?
R. Todo el que pueda sumar en busca de una solución será bienvenido y escuchado. No queremos monopolizar la opinión. Sí vamos a tener una posición cualificada porque la voz del consejo viene del consenso de los 83 colegios de España y eso creemos que tiene una potencia importante que tenemos que ponerla al servicio de los compañeros.
P. ¿Cuál va a ser la batalla por los problemas del turno de oficio?
R. El territorio ministerio se ha quedado descolgado en cuanto a retribuciones, condiciones, trabajos que se retribuyen… Se ha abierto una ventana de oportunidad con la inclusión de una nueva ley de justicia gratuita en el programa normativo del Gobierno. Hay que entrar en las tripas de la justicia gratuita de este país para reconfigurarla y hacerla más eficaz y justa con el ciudadano y con los profesionales que desarrollan esa actividad. Hay mucho que mejorar. No es razonable que la ley no se haya actualizado en veintitantos años, que las personas jurídicas estén fuera de la cobertura, que sigamos hablando de subvención cuando es una actividad esencial para la justicia… Hay que pensar muy bien la nueva justicia gratuita. Hay que mejorar el sistema pero sin dejar de actualizar las condiciones de los abogados de oficio. Hay cuestiones que ya no son problemas en muchas comunidades autónomas: No es problema la persona jurídica en muchas comunidades, que no lo sean en ninguna. No son problemas los atrasos en algunas comunidades, que no lo sean en ninguna. Que hay actividades que ya se pagan en algunas comunidades, que se paguen en todas. Porque si se paga en una, la ley no puede ser coartada o excusa para que no se paguen en otras.
P. La transparencia y la comunicación fue ‘trending topic’ en su discurso de investidura…
R. Transparencia no solo es comunicar qué se hace y qué no se hace. También consiste en anunciar los recursos que se destinan a ello. Por ejemplo, hacer que cualquiera pueda tener acceso a todos los datos.
P. ¿Incluido saber en qué se gasta cada euro?
R. Sí, claro. Es muy importante tener transparencia en las cuentas.
P. Hablemos de los jóvenes. Muchos sufren sueldos precarios. ¿Qué le diría a este colectivo?
R. Lo primero que les diría es que el inicio en toda actividad es difícil. Y en la abogacía lo ha sido en los mejores tiempos y en los peores. A los jóvenes les toca ejercer en una abogacía muy masificada, pero se está percibiendo un cambio brutal en la forma de ejercicio, en las estructuras de los despachos… El mensaje es esperanzador, pero reconocemos que los momentos iniciales en cualquier profesión son difíciles.
P. ¿Compatibilizará la presidencia del CGAE con su puesto de decano en Málaga?
R. Tenemos elecciones en la segunda quincena de noviembre. Entonces será el momento, a la vuelta del verano, de pensar qué hacer. En principio presentarme a la reelección en Málaga no es la idea. Son cargos compatibles.
En principio presentarme a la reelección en Málaga no es la idea
P. ¿Habrá muchos nombramientos en el consejo a su vuelta?
R. Son nuevas formas de hacer. Lógicamente, habrá cambios.
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