- La regla de paridad que acuerde el Consejo será clave para estos primeros nombramientos y los que sigan
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró el pasado lunes el plazo para presentar candidaturas a las presidencias de cuatro salas del Tribunal Supremo (TS), incluidas las de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, las de mayor relevancia política. Las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso aspiran a dirigirlas, respectivamente, y el bloque progresista del CGPJ ha cerrado filas en torno a ambas, si bien el sector conservador no parece dispuesto a darles «ni un voto», lo que aboca a un nuevo bloqueo.
Se trata de cuatro plazas clave porque son las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del TS, todas menos la Sala de lo Militar. Entre ellas destacan la Segunda y la Tercera porque son a las que corresponde investigar a los aforados –tales como el presidente del Gobierno, diputados o senadores– y decidir sobre los recursos dirigidos contra las decisiones del Consejo de Ministros, respectivamente.
De momento, parece que la única plaza libre de debate es la Presidencia de la Sala Primera, que hasta ahora ejercía interinamente el también presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, que se acaba de jubilar, y a la que solamente concurre un aspirante: el magistrado Ignacio Sancho, de perfil conservador.
Para las demás salas, el CGPJ tiene tándem de candidatos. Así, a la Segunda se postulan Ferrer, de sensibilidad progresista, y Andrés Martínez Arrieta, de corte conservador; a la Tercera optan Teso y Pablo Lucas, ambos considerados progresistas aunque él más moderado; y a la Cuarta concurren Concepción Ureste, también progresista, y Juan Molins, enmarcado en la corriente conservadora.
A la habitual pugna en el seno del CGPJ para ocupar estos puestos, se suma en esta ocasión que el órgano de gobierno de los jueces ha acordado incorporar como criterio para los nombramientos discrecionales la regla de paridad que establece que «las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento».
Esta frase ha desatado un fuerte debate en el Consejo, con varias posturas: aplicar la paridad a cada convocatoria de plazas; tener en cuenta la paridad en el conjunto del tribunal donde se vayan a efectuar los nombramientos; o usar como referencia la igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de la carrera judicial.
Desde el sector progresista del CGPJ ya se han posicionado. Un informe firmado por los vocales Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado, que conforman la mayoría progresista de la Comisión de Igualdad, defiende que se busque la paridad en cada nombramiento, de modo que al menos dos de las cuatro plazas convocadas ahora para las presidencias de sala del TS sean ocupadas por mujeres.
Sin embargo, el ala conservadora del Consejo no está de acuerdo con esta posición. De hecho, rechaza que este documento tenga la entidad de informe y lo degrada a un mero «estudio». Los diez conservadores aguardan el informe encargado por la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló, al Gabinete Técnico del CGPJ sobre cómo interpretar la regla de paridad.
La lucha por la Segunda y la Tercera
En este contexto, los diez progresistas advierten de que no renunciarán a que la adjudicación de estas cuatro plazas sea paritaria y, en concreto, se muestran unidos en torno a las candidaturas de Ferrer y Teso, dos mujeres cuyos nombres han estado recurrentemente en las quinielas para la Presidencia del CGPJ y del Supremo, incluyendo el último proceso, donde finalmente se impuso Perelló.
En la Sala Segunda, donde compiten Ferrer y Martínez Arrieta, el cambió llegará el próximo 5 de diciembre, fecha en la que concluye el mandato de su actual presidente, Manuel Marchena, que podría continuar de forma interina pero no lo hará. Así, el sucesor inmediato será el propio Martínez Arrieta, por ser el magistrado más antiguo de la Sala, así como del Supremo y de toda España porque es el número 1 en el escalafón de la carrera judicial.
Precisamente, los partidarios de Martínez Arrieta ponen sobre la mesa su incontestable veteranía, así como el hecho de que jubilarse como presidente de la Sala de lo Penal sería el colofón a su trayectoria profesional, por lo que algunas voces han interpretado incluso como una falta de respeto que Ferrer se haya postulado cuando su compañero se retirará en pocos años, abril de 2027.
Ferrer, por su parte, se ha significado con dos votos particulares recientes: uno donde aboga por amnistiar la malversación del 1-O, consumando así el distanciamiento de sus compañeros del tribunal del ‘procés’; y otro, firmado junto a Susana Polo, donde se desmarcan de la sentencia que confirmó las condenas por el ‘caso ERE’ defendiendo que debió absolver al expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros cuatro condenados que eran «ajenos» a la Consejería de Empleo.
En cuanto a la Sala Tercera, dirigida en funciones por Pablo Lucas desde que César Tolosa desembarcó en el Tribunal Constitucional en enero de 2023, la competición es entre el propio Lucas y Teso. Él destaca por ser el juez que desde hace 15 años se encarga de controlar al CNI y, recientemente, fue ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
Teso fue ponente de una sentencia que anuló un nombramiento acordado por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y de la que ratificó que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado» descartando que la omisión de la referencia al castellano en el Real Decreto 119/2015 del Departamento de Enseñanza de Cataluña supusiera su exclusión como tal.
Ambos formaron parte del tribunal que estudió el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos pero, mientras que Lucas fue el ponente de la sentencia que lo anuló, Teso redactó un voto particular en el que defendía la adjudicación de la plaza a Delgado. En cambio, los dos estuvieron de acuerdo en la exhumación del dictador Francisco Franco.
Mujeres en «puestos de poder»
El bloque progresista del CGPJ avanza que dará la batalla para situar tanto a Ferrer como a Teso al frente de sus respectivas salas al entender que la paridad debe aplicarse a cada nombramiento y, especialmente, a la cúpula judicial. «Se trata de que haya igualdad en los puestos de poder, donde se toman decisiones», asegura una de las fuentes consultadas por Europa Press.
A esto anudan que la veteranía no puede ser un factor determinante, subrayando que el hecho de que Martínez Arrieta y Lucas se jubilen relativamente pronto –este último en julio de 2026– puede pesar en su contra, ya que no tendrían tiempo material para desplegar su programa de gobierno. Ellas, alegan, supondrían un «soplo de aire fresco».
Por contra, los conservadores del Consejo no tienen intención de dar «ni un voto» a ninguna de las dos –especialmente a Ferrer–, al considerar que los puestos en juego son sumamente relevantes, por lo que rechazan que se asignen por criterio de género, defendiendo la primacía de los de mérito y capacidad. En este sentido, y aunque las citadas fuentes ponen en valor la trayectoria de ambas, estiman que tanto la de Martínez Arrieta como la de Lucas son mejores.
Así las cosas, desde ambos sectores del CGPJ –con diez vocales cada uno– auguran un nuevo bloqueo, similar al que se dio con el primer gran nombramiento de este Consejo, el de Perelló, que se resolvió con dos vocales progresistas desmarcándose de su bloque para alinearse con los conservadores. Esta vez, aseguran desde el ala progresista, no hay división alguna. Hacen falta 13 votos.
