La propuesta del Gobierno español de reducir la jornada laboral máxima legal ha suscitado un intenso debate en el ámbito político y económico del país. Este plan, liderado por el Ministerio de Trabajo, propone una reducción progresiva de la jornada laboral, pasando de las 40 horas semanales actuales a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025, sin que esto implique una disminución salarial. Esta propuesta se sitúa en el marco del Diálogo Social, involucrando a los principales actores sindicales y empresariales del país. UGT y CC.OO., apoyan la reducción de la jornada laboral, mientras que las organizaciones empresariales, como CEOE-CEPYME, han mostrado su oposición, argumentando que la reducción sin un acuerdo en la negociación colectiva podría incrementar los costes laborales y afectar la productividad.
La reducción de la jornada laboral puede tener efectos positivos y negativos. Por un lado, podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiendo un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. No se discute que algunos estudios han demostrado una correlación entre la reducción de horas trabajadas y el aumento de la productividad en ciertos contextos. La lógica detrás de esta correlación se basa en la idea de que los trabajadores más descansados y con un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal tienden a ser más motivados, menos propensos al agotamiento y, por tanto, más eficientes en sus tareas diarias. Por ejemplo, estudios realizados en países como Suecia, donde se han implementado jornadas laborales más cortas, muestran que los empleados no solo son más productivos, sino que también experimentan una mejora significativa en su bienestar general. No obstante, y por otro lado, imponer una reducción de la jornada laboral sin realizar mejoras previas en la productividad podría tener efectos adversos, especialmente en términos económicos. Una de las preocupaciones principales es el aumento de los costes laborales. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen una parte significativa del tejido empresarial en España, podrían verse particularmente afectadas. Estas empresas a menudo operan con márgenes de beneficio estrechos y una reducción en las horas de trabajo sin un incremento proporcional en la productividad podría significar un aumento en los costes por hora trabajada. Este incremento en los costes laborales podría, a su vez, llevar a la necesidad de contratar más personal para cubrir el mismo volumen de trabajo, algo que muchas pymes podrían no estar en condiciones de financiar.
A mi juicio, la vía de acuerdo debería necesariamente realizarse haciendo uso de una herramienta crucial en el ámbito laboral, la negociación colectiva, utilizando el dialogo social para conseguir adaptar la jornada laboral con las necesidades específicas en los diferentes sectores empresariales. Cabe decir que la legislación laboral española permite que los convenios colectivos puedan reducir la jornada máxima legal y establecer horarios más cortos, típicamente entre 37 y 38 horas semanales, ya existen multitud de convenios colectivos que vienen aplicando estas jornadas, sin que haya sido objeto de conflicto. Este enfoque negociado permite ajustes más precisos y efectivos, alineando los intereses de empleadores y trabajadores y promoviendo un equilibrio entre eficiencia empresarial y condiciones laborales. Estos acuerdos se han logrado mediante un proceso de diálogo social, donde los sindicatos y los empleadores han trabajado conjuntamente para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Este enfoque colaborativo ha permitido que las reducciones de jornada se implementen de manera flexible, ajustándose a las particularidades de cada empresa y sector. La clave de estos éxitos radica en la capacidad de negociar y adaptar las condiciones laborales a las realidades específicas del mercado y las necesidades de los trabajadores.
La propuesta gubernamental se inspira en estos ejemplos de éxito y busca generalizar esta práctica, extendiendo los beneficios de la reducción de jornada a un mayor número de trabajadores. Sin embargo, es crucial que esta medida no se perciba como una imposición unilateral por parte de los sindicatos o el gobierno. En cambio, debe ser el resultado de un diálogo social continuo y constructivo, que permita ajustar las medidas según las circunstancias y capacidades de cada sector.
La experiencia demuestra que los cambios impuestos sin la debida negociación pueden generar resistencias y problemas en su implementación. Por tanto, es fundamental que cualquier reducción de jornada se lleve a cabo mediante un proceso de negociación colectiva, que garantice que todas las partes involucradas estén de acuerdo y comprometidas con los términos del nuevo régimen laboral. Este enfoque no solo asegura una transición más suave y efectiva, sino que también fortalece las relaciones laborales y contribuye a un clima de cooperación y confianza entre empleadores y empleados.
