La semana de la votación al Parlamento Europeo se publicó un “estudio”[1] que afirma que en España sobran 1,5 millones de empleados públicos. Tal afirmación merecía al menos una lectura minuciosa de dicho informe para ver qué sustenta tal conclusión, sin embargo, dicho informe se limita a señalar, a modo de justificación de su tesis, que en el año 1976 España contaba con un porcentaje de empleados públicos que de mantenerse hoy implicaría el excedente de 1,5 millones de empleados públicos, es decir, no señala en qué sectores supuestamente sobrarían tal número de empleados públicos.
Esta afirmación es falaz por descontextualizada pues no es la misma Administración la que la ciudadanía tenemos y exigimos hoy que la que padecía la sociedad en 1976. En aquel entonces ni siquiera existían las Comunidades Autónomas o el Sistema Nacional de Salud y la administración se caracterizaba por su opacidad así como por su arbitrariedad impune en muchas ocasiones incluso inatacable[2] judicialmente; mientras hoy se caracteriza por el nuevo paradigma de Gobierno Abierto y fundamentalmente por la asunción de todos sus compromisos: proximidad, mejora continua, calidad, transparencia, colaboración, participación, integridad y sobre todo rendición de cuentas.
Aun dando por cubiertas las necesidades de recursos humanos en la Administración en 1976, es absurdo compararlas con las actuales, igual de absurdo que compararlas con las que tuvo la administración de Felipe V o la de Cayo Julio César, y sin embargo no han faltado los medios digitales[3] que se han hecho eco de este supuesto estudio, aireándolo la misma semana de los comicios europeos para contentar a ese sector de la población que busca reducir lo público a su mínima expresión y que busca cualquier excusa para devaluarlo.
No es objeto de este artículo refutar ese supuesto estudio pues es evidente que no es serio y no sobra prácticamente uno de cada dos jueces, médicos, maestros, bomberos, policías y un largo etc.
El objeto de este artículo es señalar que la atención a la ciudadanía es el puente que une a la ciudadanía con las Administraciones Públicas y que de nada sirven todos los esfuerzos públicos si no es consciente de ello la ciudadanía.
Los esfuerzos que hace la Administración por mejorar, gracias a funcionar con un estándar de integridad cada vez más exigente, palidecen si no llegan a la ciudadanía y se convierten en temas de los que solo conocen los funcionarios que se dedican a ello y los periodistas o asociaciones especializadas. Por ello la atención a la ciudadanía orientada al Gobierno Abierto es vital para la solidez y robustecimiento de las instituciones.
España ha configurado su sistema de Transparencia a través de un doble mecanismo, por un lado el derecho de acceso a la información pública y por otro una serie de obligaciones de publicidad activa. De esta forma la ciudadanía puede a través de ambos mecanismos controlar la actividad pública, de forma activa cuando ejerce su derecho de acceso y de forma pasiva cuando consulta lo que se ha publicado de oficio por las Administraciones Públicas. Y por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que cuenta con 5,22 millones de habitantes y según los datos de GVA OBERTA[4], han ejercido el derecho de acceso a la información pública una media de 57 personas al mes en el primer semestre de 2023. Este dato aún siendo el más alto de la serie publicada y constatar una evolución positiva en relación con los anteriores datos, sigue evidenciando, bajo mi humilde opinión, la escasa utilización por parte de la ciudadanía de estos mecanismos y la magnitud del desafío ante el que nos encontramos.
Por otra parte, como se señala certeramente en la guía de Gobierno Abierto para empleados públicos[5]: “Será imposible impulsar la transparencia, la participación y la colaboración si no involucramos de una manera activa a la ciudadanía. Para que pueda existir la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, debe existir una ciudadanía interesada en conocer los asuntos públicos”. Y es justo en este punto donde el papel de la atención a la ciudadanía juega un papel fundamental. Es decir, a la ciudadanía no sólo hay que atenderla correctamente, sino que además hay que involucrarla en la misma visión de lo público que ha tenido la Administración cuando ha asumido los compromisos que rigen el Gobierno Abierto, tenemos que despertar su interés en conocer los asuntos públicos y sólo así la ciudadanía podrá ir recobrando la confianza en lo público. La ciudadanía percibe de otro modo lo público si ha controlado, participado y colaborado en su proceso de creación. A mayor participación, bien sea a través de los mecanismos de control o los de co-creación, la confianza es creciente y viene acompañada del correlativo esfuerzo público por estar a la altura de la exigencia ciudadana. El ciclo “confianza ciudadana – esfuerzo público” se retroalimenta positivamente.
Una atención a la ciudadanía de calidad, proactiva, propulsora del Gobierno Abierto, que diera publicidad a todos los compromisos asumidos en materia de Gobierno Abierto, demostrándolos con hechos, redundaría en generar un compromiso en la ciudadanía, una revalorización de lo público y no en vano también redundaría en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, “Promover Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas”, y su meta 16.10[6]: “16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
En conclusión, tenemos la suerte de vivir una época en que las Administraciones Públicas han asumido más responsabilidades, y dado más poder de participación y control a los ciudadanos, que nunca. Pero por alguna razón la ciudadanía no está siendo todo lo consciente de ello que podría serlo quedando desafectada una parte importante. Pero a través de una atención ciudadana eficaz, completa e integradora de todos estos principios, podrá la ciudadanía ser cada vez más consciente de sus posibilidades de control y participación en lo público de un modo que irremediablemente contribuirá a la confianza y revalorización de lo público, y gozaremos de instituciones cada vez más sólidas.
[1] https://cefas.ceu.es/informe-constitucion-familia-principio-fallido/
[2] V.gr. Artículo 22.3 Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. BOE-A-1954-15431 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
[3] Un informe calcula que sobran 1,5 millones de empleados públicos: 67.000 millones al año (theobjective.com), Sobran millón y medio de funcionarios (okdiario.com)
[4] Información pública más solicitada – Generalitat Valenciana (gva.es)
