La lucha por el cambio climático ha sido la causa de un auténtico seísmo legislador en España. Así lo reflejan los números: desde 2008, las administraciones españolas han dado luz verde, al menos, a 9.489 normas sobre cuestiones ecológicas. Por temáticas, se han promulgado 3.482 normas (con y sin rango de ley) sobre energías renovables, 5.116 relacionadas con la medición de la eficiencia energética, 783 sobre transporte sostenible y 108 sobre gestión de la contaminación. Para hacerse una idea en términos comparativos, solo las disposiciones aprobadas por las autonomías superan en número a todas las normas medioambientales que han visto la luz en Francia en el mismo periodo.
Los datos vienen recogidos en un reciente informe del Banco de España, bajo el título “Green Regulation”: a quantification of regulations related to renewable energy, sustainable transport, pollution and energy efficiency between 2000 and 2022”, y que ha visto la luz hace unos días. El trabajo mide por primera vez el nivel de “activismo regulatorio” en nuestro país en materia medioambiental y para ello realiza un cuenteo del número de disposiciones legales españolas, con independencia de su rango, relacionadas con materia ecológica entre 2008 y 2022, más las publicadas en el año 2000.
El documento, que firman los economistas e investigadores Juan S. Mora-Sanguinetti y Andrés Atienza-Maesa, refleja una relevante acción legisladora en materia medioambiental por parte de nuestras administraciones. Y en especial por las autonomías. Según el texto, nuestras regiones han sacado adelante 7.775 disposiciones verdes en 17 años, lo que supone un 82% de todas las normas aprobadas en materia medioambiental.
Más al detalle, las energías renovables han sido uno de los principales nichos de los legisladores. En concreto, la energía eólica ha sido objeto de 204 regulaciones autonómicas y 46 normas estatales. La energía solar, por su parte, ha aglutinado 313 normativas regionales y 66 estatales. Mientras que el hidrógeno ha sido objeto de 32 normas regionales y 39 nacionales.
En esta maraña legal repunta el control regulatorio de nuevas áreas de interés, donde los gobernantes han puesto recientemente la lupa, como los vehículos eléctricos, el transporte sostenible o las relativas a zonas de bajas emisiones (como la que acaba de entrar en vigor en Madrid, limitando la circulación en el término municipal solo a coches con distintivo medioambiental). Solo la regulación de los vehículos eléctricos aglutina 514 normativas autonómicas y 214 estatales, según los resultados del estudio. Para el análisis se han utilizado las bases de datos de legislación de Aranzadi La Ley, combinadas con fuentes públicas.
Aunque la amenaza por el medio ambiente es una “una preocupación constante”, los investigadores constatan que el interés regulatorio va y viene. Los economistas detectan tres etapas de actividad regulatoria. Y mientras mejor va la economía mayor es la intensidad legislativa en materia verde. “Tomando como ejemplo las cuatro comunidades autónomas más pobladas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, es posible observar tendencias que podrían estar relacionadas con el ciclo y el desarrollo económico de la zona. Así, se detecta cierto activismo regulatorio en todo lo relacionado con las energías renovables y la eficiencia energética entre 2000 y 2008”. Esta actividad, no obstante, “se estanca y retrocede durante la gran recesión”, pero “en los últimos años se detecta una recuperación de estos temas en la agenda regulatoria”.
Más no es mejor
Entre 1979 y 2021 se aprobaron en España más de 411.804 normas, según los cálculos de Mora-Sanguinetti. Aunque en su último estudio se limita a realizar un análisis cuantitativo de las leyes medioambientales, en un trabajo anterior el analista advierte que legislar más no significa hacerlo mejor. Más bien dice lo contrario, que “un marco regulatorio que pueda considerarse excesivamente «complejo» puede tener consecuencias potencialmente negativas en la economía y en la sociedad”, Un aluvión de normas da pie, en definitiva, a textos menos comprensibles, advierte el investigador.
España versus Francia
Comparativa. El informe del Banco de España compara la actividad del legislador español con el de su vecino francés. La muestra se ciñe a las normas con rango de ley que afectan al sector de las energías renovables.
Renovables. Las conclusiones de los investigadores apuntan a que la intensidad regulatoria es similar en un rango estatal entre los países vecinos. Así, en el periodo de tiempo seleccionado (la horquilla entre el 2008 y el 2022, más el año 2000), Francia publicó 17 leyes sobre energía eólica, 25 sobre energía solar y 14 sobre hidrógeno, números parejos a la producción legislativa en España a nivel estatal (24, 15 y 14), pero muy inferiores a la producción de leyes a nivel autonómico español (35, 108 y 125).
En contra. El sistema legislador español (descentralizado y desigual) da pie a puntos fuertes y débiles frente al francés (armonizado y sin desigualdades). Un mapa normativo dividido en 17 puede crear inquietud, una excesiva “complejidad” normativa, así como “restricciones al tamaño del mercado”, además de “reducir el tamaño de las empresas y obstaculizar su especialización”, subrayan los analistas.
A favor. En el reverso positivo, los autores valoran que la “competencia” en la regulación entre regiones ser un mejor sistema para optimizar la mejor solución para promover las energías renovables. “Es un terreno fértil y de éxito para el testeo de políticas regulatorias innovadoras”, remarcan los autores.
