Llega al Senado proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas buscando garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con la defensa de un profesional.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución a cumplir su segundo trámite constitucional en el Senado.
El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que está contemplado en la agenda de seguridad priorizada.
Será la Comisión de Constitución, y la de Hacienda, en su caso, las encargadas de analizar la iniciativa que busca garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con defensa letrada.
Para ello, genera una nueva institucionalidad y un sistema integral de protección a las víctimas para proveerlas de defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica particularmente en materia penal.
En lo fundamental, el proyecto que llega al Senado tiene como objetivo permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; entregar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que se determinen al efecto y de apoyo sicológico y social en los casos en que corresponda. Asimismo, busca entregar asesoría y representación jurídica, así como del apoyo social y sicológico.
Para ello, la iniciativa cuenta con 49 artículos permanentes y 20 disposiciones transitorias, teniendo como idea central la creación de un servicio de alcance nacional con desconcentración territorial.
En el caso de Defensoría de las Víctimas, no es una línea de atención, sino que es una subdirección específica. En tal sentido se busca consolidar la administración de dos programas públicos en materia de atención de víctimas, uno que depende de la Corporación de Asistencia Judicial y otro que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
También se incorporan los sistemas de solución alternativa y específicamente la mediación familiar, que actualmente está dentro del Ministerio de Justicia.
Este nuevo servicio público, tendrá alcance nacional y estará desconcentrado territorialmente a través de direcciones regionales.
Las tres grandes áreas de estructura, corresponden a acción y programa, de defensoría de bienes, de víctimas y subdirección de operaciones.
El servicio tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal a todas las personas que lo requieran; del otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito igualmente por el Ministro o Ministra de Hacienda establecerá las condiciones que permitan determinar los criterios de focalización.
