El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que entregue «en una semana» el informe que está pendiente desde 2021 sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press han precisado que el Ministerio ha trasladado esta semana una misiva al CGPJ en la que apremia a los vocales para que se pronuncien sobre el anteproyecto de ley.
Las mismas fuentes han señalado que el plazo de una semana que prevé el Gobierno es «inviable». Según han apuntado, desde el CGPJ siguen trabajando en su redacción, que conlleva una gran «complejidad».
No es la primera vez que desde Justicia contactan con el Consejo para pedir que se acelere la redacción del informe. Cabe recordar que ya en octubre de 2022 el Ministerio, entonces dirigido por Pilar Llop, extendió la misma petición.
En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Llop dijo que el «único escollo» para continuar la tramitación parlamentaria de esta ley, que es «muy compleja», era que estaba «pendiente» desde 2021 el informe del CGPJ. «Es fundamental que abordemos de una vez por todas este nuevo modelo de proceder en los procesos penales de nuestro país», señaló.
Las fuentes consultadas explican que el CGPJ empezó a trabajar en el informe cuando Juan Carlos Campo, en su etapa de ministro de Justicia, les remitió el borrador.
El planteamiento de la LeCrim
La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor y serán los fiscales quienes dirijan la investigación cuando la reforma entre en vigor. Eso sí, con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
Justicia creó un Grupo de Trabajo Interinstitucional para revisar el anteproyecto de la LeCrim, una decisión que se adoptó después de que se conociera el informe de la Fiscalía, en el que se apuntaba que no se ajustaba del todo a las necesidades del Ministerio Fiscal.
Este grupo está formado por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, expertos universitarios y el Consejo General de Procuradores.
