Acabar con “las injusticias fiscales”, este es el argumento que ha usado la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno de España en una entrevista a EFE su interés por terminar con la exención del IVA para la sanidad privada (al igual que para la Educación). No es la primera vez que la ministra de Pedro Sánchez lanza mensajes. En 2020, desde Podemos, entonces integrante del Gobierno de coalición, también apostó por una medida similar. El efecto de la misma no llegó a pasar de los titulares, María Jesús Montero, ministra de Hacienda en aquella legislatura y en la actual, se encargó de que la cuestión no fuera a más: la medida, de llevarse a cabo chocaría con la propia normativa europea sobre el IVA que declara a las prestaciones de servicios del sector sanitario como exentas del impuesto.
“No estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?”, se ha preguntado la ministra de Trabajo en una entrevista que se realiza en el tramo final de la campaña electoral gallega y en la que Díaz alude al propio presidente señalando que “Señor Sánchez, no compartimos que la sanidad y la educación privada tributen al 0% en el IVA. Está bien que algunos ciudadanos acudan a los servicios privados, pero no puede sufragarse con los impuestos“.
Pese a los argumentos que señala la ministra, la realidad es que este tipo de actuaciones han sido cuestionadas por la propia Airef, que en un informe evaluó el impacto de la medida en unos 3.500 millones de euros (uniendo tanto la Educación como la Sanidad privadas), si bien indicó que las exenciones en estos campos vienen marchadas desde el año 1985, momento en el que el IVA quedó implantado en España.
Desde la sanidad privada, la asociación ASPE que engloba a una gran parte de los centros sanitarios, ya se mostró un absoluto rechazo por la medida cuando se insinuó en la pasada legislatura. En aquellos momento, Carlos Rus presidente de ASPE señaló que la propuesta dejaría a España “fuera de la armonización europea, perjudicando a su población y a sus empresas frente al conjunto de la población restante de la UE“.
Rus manifestó en su momento que el posicionamiento de Yolanda Díaz responde a cuestiones ideológicas y que la traducción de la medida llegaría en forma de “más listas de espera y peor calidad”.
“El ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertiría a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendría que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarían a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz”.
