Víctor Oléa (Ciudad de México, 65 años) es presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), uno de los principales colegios de abogados del país azteca, con 20.000 miembros. Integrante de una reconocida familia de abogados y diplomáticos (su padre fue embajador en Japón y gobernador interino en Guerrero, estado en el que su hermano fue fiscal), ser letrado penalista fue algo natural para él.
De paso por Madrid para intervenir en la presentación del primer estudio sobre el impacto socioeconómico de la profesión legal en el mundo elaborado por la IBA (International Bar Association), el letrado ha recibido a CincoDías en el despacho de Almudena Arpón de Mendívil (presidenta de la IBA y socia de Gómez-Acebo & Pombo). Oléa denuncia que las últimas reformas constitucionales aprobadas en México son un ataque frontal a la independencia judicial y una violación de los derechos humanos. El letrado confiesa que la política ha llamado a su puerta, pero que se mantiene en la barrera: “Siempre he dicho que soy un abogado nato”.
Pregunta. Tras la presentación en Madrid del informe de la IBA sobre el impacto social y económico de la profesión legal, ¿cree que se escucha suficientemente la voz de los abogados en el mundo?
Respuesta. Yo pienso que sí, cada vez más. Estamos más organizados en este mundo global en el que, desde luego, la voz del abogado cuenta mucho.
P. ¿Deberían los abogados ser más activistas?
R. Definitivamente, sí; no solo más activistas, sino más comprometidos. Y no solo con la profesión legal, sino con el Estado de derecho, con la independencia judicial y con el futuro mismo de modernización de la abogacía.
P. En su país se aprobó una reforma constitucional por la que los ministros de la Suprema Corte y los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular a partir de 2025, ¿cuáles son los peligros?
R. Son muchos. En primer término, se va a erosionar la separación de poderes. Veníamos teniendo en los últimos años un poder judicial a nivel federal muy importante, independiente y autónomo, y con esta reforma el partido actual en el poder, Morena, va a cooptar al poder judicial. Después, marcadamente, la independencia judicial. Con esta elección popular de ministros todo es una tendencia para que los jueces carezcan de independencia. Otro aspecto fundamental es la falta de calidad de los futuros juzgadores. Hoy día tenemos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de la mayor calidad, elegidos básicamente por exámenes de oposición muy estrictos y, ahora, los requisitos que se han establecido en esta reforma constitucional son muy laxos. Se pide que tengan cartas de recomendación de sus vecinos y un ocho de promedio en la carrera de derecho.
P. ¿Cuál es el sistema actual?
R. Actualmente se les designa por un concurso de oposición, no hay favoritismos de nadie y los jueces son designados por sus capacidades técnico-jurídicas. Ahora van a tener perfiles eminentemente políticos, se van a deber a sus electores y, sobre todo, a quienes los postulan. El diseño de la reforma implica que serían postulados básicamente por el Gobierno en turno, con lo cual implica que ellos van a estar sometidos, sumisos, a ese poder público y no a la Constitución y a las leyes, como debería ser.
P. ¿Contar con una justicia independiente es un derecho fundamental de los ciudadanos?
R. Es un derecho fundamental y también diría que un derecho humano.
P. Los mexicanos deberán votar a miles de cargos de jueces en junio de 2025, ¿es factible?
R. El costo es exorbitante. El Instituto Nacional electoral ya ha solicitado al Gobierno federal un presupuesto de casi 14.000 millones de pesos. México no está para gastar dinero en una elección que, además, es inviable porque nadie conoce a los candidatos que van a ser ministros, magistrados y jueces en toda la República. La ciudadanía no va a votar, va a haber una abstención brutal y, además, al ser tantos cargos los que se tendrían que elegir, se ha calculado que para un solo votante se requeriría prácticamente todo un día para llenar 5.000 cargos de boletos. Esto me parece inviable; estimo que será un fracaso anunciado. En Bolivia ha sido un fracaso absoluto.
P. Hace poco la mayoría oficialista en el Senado sacó adelante el veto que impide intervenir a la Suprema Corte cuando el legislativo modifique la Constitución. ¿Son suficientes las mayorías para decidir todo?
R. Definitivamente se necesitan contrapoderes, por eso siempre ha sido tan importante la independencia y calidad de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte que, a través de lo que se denominan acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, han supuesto un contrapeso importante para actos de autoridad y, sobre todo, para leyes que claramente eran inconstitucionales. Sin embargo, el poder legislativo saca una reforma, a la que llaman supremacía constitucional –yo la denomino reforma antiamparo–, por la que básicamente nadie puede discutir lo que diga el legislador, aunque viole derechos fundamentales… No puede ser impugnado judicialmente, lo cual es una violación a los derechos humanos terrible.
P. ¿No está por encima el derecho internacional?
R. Claro, y hay en trámite acciones muy importantes. Por ejemplo, lo que denominamos el sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un primer filtro para llegar a la Corte Interamericana. Ya hubo una primera audiencia donde los consejeros, todos latinoamericanos, sin ningún mexicano, obviamente, ya exteriorizaron su repulsa. Desde luego, vendrán condenas hacia el Estado mexicano.
P. ¿Cómo es la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial en México?
R. Bueno, hoy día es terrible. Ha sido una cadena de embates hacia el poder judicial desde hace algunos años, sobre todo a partir de que la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asumió ese cargo.
P. ¿Cómo afecta esta situación a la abogacía?
R. Vamos a enfrentarnos a una justicia que va a estar dominada por matices políticos. Seguramente se generará un ámbito de corrupción que se había superado con los años en México.
P. A la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, le corresponde liderar este profundo cambio. ¿Cree que hay margen todavía para que dé marcha atrás a la reforma o que haya un ajuste?
R. Ella ha manifestado públicamente que está en pro de esta reforma. Sin embargo, hay aspectos que pudieran motivar algún matiz o alguna dilación en la aplicación de la reforma como, claramente, son la situación económica y la desaceleración de la inversión nacional y extranjera con motivo de la inseguridad jurídica que se genera con esta reforma al no haber básicamente una independencia en la judicatura.
P. ¿Qué problemas específicos tienen los letrados en México?
R. No existe colegiación y esto implica que la mayoría de los abogados en México, que somos alrededor de 450.000, no tienen un control ético de la profesión, no tienen una actualización jurídica continua, y esto está en perjuicio no solo de la abogacía en general, sino de los justiciables. También en México, hay que decirlo, se ha globalizado mucho la profesión legal. En México existen despachos de abogados prácticamente de todas las partes del mundo.
P. De hecho, muchos despachos españoles están recalando en México. ¿Cuál es el motivo principal de esa atracción?
R. Ha habido mucha inversión española en México de todo tipo y también, hay que decirlo, mucha inversión mexicana en España. Esto ha crecido exponencialmente y ha motivado que los despachos españoles pongan sus ojos en el mercado mexicano, precisamente, para asesorar a sus clientes. Creo que ha sido muy positivo para la profesión legal mexicana.
