De manera intuitiva se entiende que la mejor forma de ejecutar un proyecto, a priori, será la planificada. Sin embargo, en muy pocas ocasiones las cosas ocurren como estaban pensadas inicialmente.
En general, cualquier modificación en un proyecto (cambio de secuencia de actividades, variación en alcance, impedimento para trabajar, …) genera un impacto en su productividad o, lo que es lo mismo, las horas empleadas en ejecutar una unidad de obra (por ejemplo, en verter un metro cúbico de hormigón) son distintas a las que se planificaron inicialmente. Cuando estas horas reales superan a las planificadas, hablamos de que se ha producido una pérdida de productividad.
La Práctica Recomendada de la “Association for the Advancement of Cost Engineering” (AACE International) 25R-03 “Estimating Lost Labor Productivity in Construction Claims” indica que frecuentemente se identifica la productividad con la producción, cuando son conceptos distintos. La producción mide las unidades ejecutadas (en el ejemplo anterior, los metros cúbicos de hormigón vertidos) mientras que la productividad mide la eficiencia con que se han producido esas unidades (los metros cúbicos de hormigón vertidos en una hora de trabajo).
Esta pérdida de productividad suele ser objeto recurrente de reclamaciones en los proyectos de construcción.
Siempre de la mano de lo que estipule el contrato, en una reclamación se debe, en primer lugar, demostrar la relación causa-efecto entre el evento reclamado y la pérdida de productividad ocasionada. Además, se realizará un cálculo razonado del detrimento que este hecho ha originado a quien reclama.
La propia 25RP-03 mencionada anteriormente, identifica varios métodos de cálculo de la pérdida de productividad, destacando como preferente la “milla medida” que compara una actividad determinada (vertido de hormigón) en un período sin impacto y otro período impactado para obtener así la pérdida de productividad causada por el evento (o conjunto de eventos) disruptivo. La fortaleza de este método reside en que se basa en datos del proyecto y no en estimaciones o datos estadísticos.
Las condiciones descritas anteriormente no son sencillas de cumplir dado que, normalmente, los eventos disruptivos no suceden de manera única y suelen solaparse con otras causas de pérdidas de productividad, así que, encontrar un método que permita aislar los efectos del evento reclamado es crucial para el eventual éxito de la reclamación.
Aquí la prevención adquiere un papel protagonista.
Tal y como recomienda el “Delay and Disruption Protocol” de la “Society of Construction Law”, 2017, se debe contar con un sistema de registro de proyecto eficaz y actualizado que permita una fácil relación entre el evento reclamado y los distintos parámetros del proyecto (progreso, coste, plazo, recursos, …), de lo contrario, resultará prácticamente imposible que pueda demostrar en qué situación se encontraba el proyecto antes del hecho disruptivo y, consecuentemente, cómo este le ha podido afectar.
En otras palabras, precisamente por la complejidad de la demostración y el cálculo de las reclamaciones, todos los agentes de un proyecto deben ser conscientes de la importancia que los datos tienen a la hora de la resolución de potenciales controversias y, de que, un buen registro y una comunicación eficaz son cruciales para minimizar los conflictos y que se puedan dirimir de manera ágil, evitando su enquistamiento e incluso la amenaza de no finalización del proyecto.
