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Regresó al Congreso de la República un proyecto que permitiría a los políticos cambiar de partido sin incurrir en doble militancia, lo que ya ha desatado una fuerte controversia. El senador Carlos Fernando Motoa expresó su rechazo a la iniciativa, afirmando que “el transfuguismo es una burla al elector que eligió un Congreso de la República en 2022 y que ahora, por algunos intereses personales de congresistas, quieran cambiar de partido o militar en otro partido político”. Según Motoa, esta práctica vulnera principios fundamentales y es una ofensa al constituyente primario.
Desde la Alianza Verde, aunque algunos miembros están de acuerdo con la necesidad de una realineación ideológica de los partidos, también ven inconveniente el momento en que se presenta el proyecto. Ariel Ávila, senador de esta coalición, comentó al respecto que “yo sí creo que hay que hacer una realineación ideológica de los partidos, pero no a menos de dos años de la elección al Congreso; eso sí es como aprobar un proyecto con nombre propio, entonces eso se ve mal“.
Por otro lado, varios congresistas consideran que el proyecto está diseñado para beneficiar al partido de Gobierno. Alfredo Deluque destacó que “lo que sí no estoy de acuerdo es darle beneficios como una ventaja para las elecciones próximas al Pacto Histórico; definitivamente eso no puede suceder. Un partido político no puede tener gabelas diferentes; las normas están claras y eso tiene que seguir tal cual y como está“.
Desde el Pacto Histórico, miembros de la coalición refutaron esta visión. Clara López afirmó que “distinto a lo que están diciendo, eso no necesariamente favorece al Pacto Histórico, porque el Pacto Histórico, al disolverse las personerías jurídicas para ser un solo partido, no necesita de absolutamente ninguna norma, porque todo parlamentario queda libre al habérsele disuelto su partido. Entonces creo que están ‘atacando burro’ los que dicen que eso es para favorecer al Pacto Histórico“.
El proyecto de reforma constitucional, que cuenta con el apoyo de más de 50 congresistas, debe ser aprobado en sus primeros cuatro debates antes de mediados de diciembre para avanzar.
