Rafael Massieu, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, es uno de los candidatos a ocupar el sillón que deja Victoria Ortega tras ocho años al frente de la Abogacía Española (CGAE). El próximo 28 de junio, Massieu medirá sus fuerzas con las de otros aspirantes con dorsal en esta carrera: la abogada Carmen Pérez Andújar, el decano de Málaga, Salvador González Martín y el decano de Melilla, Blas Jesús Imbroda.
El letrado canario, socio de Lexelia Abogados y miembro de la comisión permanente del CGAE, se describe en esta entrevista a CincoDías como una persona “trabajadora, seria, rigurosa y conciliadora” al que le gusta la lectura y el senderismo. El clima de las islas afortunadas le permiten disfrutar de la playa todo el año.
Del trabajo en su tierra, Massieu ha adquirido una actitud dialogante y de consenso. En febrero, fue elegido presidente del consejo canario. Los colegios pequeños y medianos, como el de Las Palmas (con 4.600 colegiados aproximadamente), miran hacía hacía el consejo con otros ojos. Sin la institución que los coordina a todos no podrían autofinanciar determinados servicios.
Bajo el lema “en defensa de la defensa”, Rafael Massieu se ofrece a “trabajar con una disponibilidad casi absoluta” y a formar equipo con aquellos que estén dispuestos a liderar proyectos concretos.
Pregunta. ¿Qué le hizo dar un paso adelante y presentarse para presidir el CGAE?
Respuesta. En los últimos cuatro años he tenido la oportunidad de colaborar con el consejo, fundamentalmente desde el área tecnológica, y me gustaría poder continuar mi labor con la modernización de la institución y con el desarrollo de servicios que posibiliten una igualdad efectiva de oportunidades para todos los abogados, con independencia del tamaño de su colegio.
P. ¿Cómo definiría su programa? ¿Es una apuesta continuista o disruptiva?
R. Creo que la Abogacía tiene que ser muy agradecida con la labor desempeñada por Victoria Ortega al frente del consejo durante dos mandatos. Pero, respecto al futuro, dicen que en el punto medio se encuentra la virtud. Coincide con mi propósito, puesto que, partiendo de lo que se hace bien, es necesaria una renovación y darle una nueva perspectiva adaptada a los complejos tiempos en que nos encontramos. Pretendo abrir el consejo a todos sus miembros, escuchándolos periódicamente para valorar y coordinar todos los puntos de vista y darles protagonismo.
la Abogacía tiene que ser muy agradecida con la labor desempeñada por Victoria Ortega al frente del consejo durante dos mandatos
P. ¿Cree que habrá alianzas territoriales a la hora de votar? ¿Se ve con opciones de ganar el próximo 28 de junio?
R. Posiblemente exista más cercanía entre los consejeros que pertenecen al mismo consejo autonómico. Fuera de eso, no creo que todos los colegios de la abogacía de una misma región voten en un mismo sentido, porque posiblemente las necesidades sean distintas, normalmente, en función del número de colegiados. Hay muchos colegios pequeños y medianos, como el mío, que necesitan un mayor apoyo del consejo para acceder a servicios que, de no prestarlos el CGAE, les supondrían unos costes desproporcionados.
Hay muchos colegios pequeños y medianos, como el mío, que necesitan un mayor apoyo del consejo para acceder a servicios
P. ¿Afectará al proceso el recurso presentado contra la convocatoria de elecciones?
R. Entiendo que no debería ya que el sistema de elección de la presidencia, previsto en el Estatuto General, es el lógico para una institución como el consejo cuya función es la coordinación de los distintos colegios de la abogacía, todos ellos igual de importantes y con iguales competencias en su ámbito territorial. Cada colegio elige democráticamente a quien asume el decanato y la reunión de todos ellos elige a quien ha de coordinarles, lo que me parece absolutamente democrático.
P. Si fuera presidente del CGAE, ¿cuáles serían sus primeras medidas?
R. Quiero huir de los tópicos, pero creo que lo primero que debería hacer es escuchar, de forma activa e individualizada, lo que quieren los colegios para la profesión y, por tanto, para sus colegiados y, a partir de ahí, fijar un programa de trabajo compartido por una mayoría. Urgentes hay muchos problemas, pero debemos determinar las prioridades juntamente con los representantes de los colegios. Quizás pueda salir de ahí, entre otras, la solicitud de una nueva Ley de Justicia Gratuita o el acompañamiento de los compañeros mutualistas que solicitan del Gobierno soluciones a sus problemas de diversa índole.
P. Usted es decano del Colegio de Abogados de Las Palmas desde 2016, y el pasado febrero fue elegido presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, ¿Qué problemas urgentes tienen los abogados en las islas? ¿A quién dejaría el proyecto que ha iniciado en el consejo canario? ¿Y el decanato?
R. Los problemas de la abogacía canaria son comunes al resto del Estado, si bien agravado por la mayor litigiosidad del archipiélago y la peor dotación frente a otros territorios. Dedicamos mucho esfuerzo a corregir la insuficiente dotación presupuestaria regional para la Justicia Gratuita y la injusta falta de compensación económica a supuestos no remunerados. Quién me sustituya deberán decidirlo los compañeros.
P. La abogacía de oficio y los mutualistas han tomado las calles para reivindicar sus derechos. ¿Ha sido suficiente el apoyo del CGAE?
R. Partimos de una situación de precariedad en importantes sectores de la profesión que hace muy difícil a muchos compañeros ganarse dignamente la vida. Los honorarios profesionales han sufrido una reducción desde hace, al menos, dos décadas, lo que contribuye a agravar el problema. Esto ocurre porque no estamos homologados con los países europeos de nuestro entorno, dónde adquirir la condición de letrado ejerciente requiere una formación y un acceso mucho más exigente que en España y la solución habría que implantarla desde ahora, aplicando métodos similares a esos países, para que se vaya regulando la situación. El CGAE apoya en todo lo que puede a los compañeros, pero siendo conscientes de que la solución actual es una situación que no depende de él. Es lógico que cuando hay problemas serios de precariedad se dirijan las miradas a los representantes, es por ello que hay que redoblar el esfuerzo en mitigar desde ahora y llegar a resolver con el tiempo esos problemas.
P. ¿Qué opinión le mereció la crítica al consejo por los gastos de dietas y viajes durante la pandemia? ¿Piensa que debe abrirse el melón de las cuentas?
R. El tesorero del consejo ha explicado en muchas ocasiones la dificultad de mantener los servicios prestados por la pérdida del poder adquisitivo de nuestros presupuestos, puesto que los incrementos de los costes, por aplicación del IPC, son muy superiores a las cuotas percibidas. A partir de ahí, se abrió un debate necesario para reducir los gastos de forma que pudiera cuadrar el presupuesto, optando mayoritariamente por realizar un esfuerzo de contención. La crítica constructiva, como ocurrió en el seno del consejo, es siempre bienvenida, pues del debate surgirá la solución consensuada, como así fue. El presupuesto estará siempre abierto a financiar los servicios que prioritariamente se determinen y no puede ser en absoluto algo inamovible. Lo que sí debemos procurar es rigurosidad presupuestaria para no cerrarlo con déficit y, en su caso, establecer las medidas necesarias.
P. ¿Cómo cree que tiene que ser la relación entre el CGAE y los colegios? ¿Y entre el CGAE y los poderes del Estado?
R. Entre todos debemos determinar qué debe hacer y cómo hacerlo en cada momento, pero teniendo claro que el consejo debe ser la institución de referencia para todos los colegios de la Abogacía, facilitando el cumplimiento de aquellas funciones propias que no pueden desarrollarse individualmente. Respecto a los poderes del Estado, siempre he creído en la lealtad institucional, pero desde nuestra más absoluta independencia en la defensa irrenunciable de los derechos de la ciudadanía y de los intereses de nuestra profesión. Sin abogacía libre e independiente no puede hablarse auténticamente de Estado de derecho.
Sin abogacía libre e independiente no puede hablarse auténticamente de Estado de derecho
P. Usted es presidente de la comisión de innovación y desarrollo tecnológico del consejo. Vivimos ya en la era de la inteligencia artificial ¿Le preocupa que los abogados hagan un uso ético de esta herramienta? ¿Debe la abogacía aprobar un decálogo sobre el uso de la IA como se ha hecho ya en EE UU?
R. Somos una profesión autorregulada, en la que nos regimos por un código deontológico que se va adaptando a las realidades del momento. El actual es de 2019 y contempla la digitalización de la actividad de la abogacía. Seguiremos adaptándonos a los nuevos retos que nos ofrece la tecnología, como puede ser la inteligencia artificial, en las que los expertos, sobre todo en Europa, están ocupados en darle una regulación justa y adecuada para respetar todo el acervo comunitario de protección a los derechos de la persona. En cualquier caso, me preocupa mucho que la digitalización no aleje la justicia de la ciudadanía, eliminado servicios de justicia en donde ahora existen, y afectando, además a la seguridad jurídica. Junto a ello, debemos estar muy atentos a los problemas de la ciberseguridad y a evitar brechas digitales. Para atender a estas cuestiones hace falta un consejo fuerte, porque es evidente que la gran mayoría de colegios no pueden atender solos estos nuevos retos.
P. Por último, si alguno de los decanos o decanas le preguntara por qué debe ser usted el próximo presidente del consejo, ¿qué le contestaría?
R. No se me ocurre otra razón de que puedo ser el mejor candidato que la de que mi fortaleza la encuentro en que quiero contar con todas y todos los consejeros para desarrollar un programa, formar un equipo, facilitar que consejeros lideren proyectos concretos y, en definitiva, coordinar a todos los que quieran aportar su trabajo. Los compañeros ya me conocen y saben que conozco el consejo y, como decano, los problemas de los colegios, que siempre busco acuerdos y puntos de encuentro y que no escatimo esfuerzos para trabajar en favor de nuestra profesión.
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