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La Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno Nacional a tomar medidas para asegurar la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz que fueron desplazados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, Etcr, de Miravalle, en la zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, debido a amenazas de grupos armados ilegales.
En una comunicación dirigida a Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz enfatizó la necesidad urgente de implementar las medidas de seguridad establecidas en el Acuerdo, especialmente las del “Plan Estratégico de Seguridad y Protección” para esta población.
Además, solicitó que se considere la convocatoria de miembros de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Sisep, para activar una respuesta institucional ante los incidentes ocurridos en el Etcr de Miravalle.
Este requerimiento fue reafirmado en la más reciente Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que contó con la participación del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, entre otros funcionarios.