Procuraduría General de la Nación.
martes, 23 de enero de 2024
Actualmente en el país se presentan 237 incendios. El llamado de la Procuraduría también fue transmitido al director nacional de Bomberos
En las últimas horas, la Procuraduría llamó la atención sobre presuntos problemas de articulación interinstitucional en la atención oportuna y eficaz de los incendios forestales que se reportan en varias zonas de Colombia, situación que de acuerdo con el Ministerio Público ya había sido advertida por ellos.
Frente a esto, el órgano de control reiteró a los jefes de las carteras ministeriales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Minas y Energía, la adopción de medidas para la adecuada prevención y atención de emergencias por el ‘Fenómeno del Niño’, dando estricto cumplimiento a la Circular 16 de 2023, que identifica las acciones imprescindibles para dar respuesta a la temporada de incendios forestales que se presenta actualmente en varias regiones.
El llamado de la Procuraduría también fue referido al director nacional de Bomberos, al director general (E) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible Autoridades Ambientales Urbanas (CAR) en el sentido de que tomen las medidas necesarias, que incluyan el manejo y administración del recurso hídrico, se fortalezcan las capacidades logísticas y humanas de los municipios más vulnerables por las llamas.
Adicional a este llamado a dichas autoridades, le pidió a Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, garantizar y facilitar el acceso a la información de los boletines de seguimiento ‘Fenómeno del Niño’ y los boletines diarios de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal en su página web.
Para el ente de control, el cambio climático y sus efectos “se gestionan con acciones y no con declaraciones y enunciados, vigilando del cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores destinatarios de las recomendaciones, precisando que no coacciona ni coadministra, sino que, en desarrollo de sus funciones legales y constitucionales, realiza vigilancia preventiva como mecanismo de anticipación a hechos que puedan vulnerar los derechos humanos o amenazar el ejercicio de la función pública”.
