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La Procuraduría General solicitó a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad y al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, remitir información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional Minera.
Estos fueron suscritos el 25 de octubre de 2024, con el propósito de ponerle fin a la protesta social pacífica en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba y Marmato.
A la Ministra Muhamad se le solicitó expresamente el cronograma para implementar el Decreto 044 de 2024, “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental”.
Así mismo deberá remitir información sobre el apoyo del Ministerio a los procesos de formalización minera y también la respuesta escrita del Ministerio a las propuestas presentadas por la Coordinadora Nacional Minera el 5 de noviembre, en la reunión contemplada en el punto 11 del acuerdo, la cual fue acompañada por la Procuraduría.
Al Ministro de Minas, luego de que anunció a través de su cuenta de X que se adelantaron primeras sesiones de trabajo de coordinación con el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Minería, se le exigió se alleguen las actas o notas de relatoría de estos espacios en donde se detallen los compromisos asumidos y los cronogramas acordados.
La procuraduría finalmente hizo un llamado de atención al Gobierno toda vez que la entidad no está siendo informada ni convocada a las reuniones estratégicas y espacios de diálogo con el sector minero de pequeña y mediana escala cuando “es deber del Ministerio Público velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente en los temas ambientales y minero-energéticos”.
