El 30 de diciembre de 2024 marcará un hito en el sector de los criptoactivos. La plena implementación del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) establece un marco regulatorio integral que impactará a empresas y a inversores. Aunque desde junio de 2024 la regulación ya obliga a los emisores de tokens vinculados a activos (ART) y tokens de dinero electrónico (EMT), el último paso de implementación equilibrará definitivamente la promoción de la innovación tecnológica con la seguridad jurídica.
MiCA crea un entorno normativo que unifica las reglas aplicables a los criptoactivos en Europa, fomenta la competitividad y pretende garantizar que los usuarios operen con confianza. La iniciativa busca evitar riesgos asociados a la falta de regulación, como la vulnerabilidad a fraudes y la falta de transparencia en los servicios.
La norma regula las plataformas de emisión, compraventa y almacenamiento de activos digitales, a la vez que establece obligaciones para los emisores de tokens de diferentes tipos, desde los que representan activos hasta los diseñados como medios de pago.
MiCA regula actividades clave como la custodia de activos digitales y la intermediación en operaciones de compraventa. Además introduce mecanismos para supervisar las plataformas de intercambio y los procesos de emisión de nuevos tokens, estableciendo una base sólida para que las instituciones financieras tradicionales participen en el sector.
El reglamento aborda desde los tokens respaldados por activos tangibles hasta los que permiten el acceso a servicios digitales, dejando fuera de su alcance los NFT (non fungible tokens) y los security tokens.
MiCA representa un impulso decisivo para la consolidación del mercado europeo de criptoactivos. Al establecer normas claras protege a los usuarios y también ofrece un marco favorable para la experimentación en nuevas soluciones basadas en blockchain. Esto contrasta con otras normas, como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que han generado preocupación en el sector tecnológico por su enfoque restrictivo y su impacto negativo en la innovación.
La comparación de MiCA con la AI Act evidencia que la primera incentiva la innovación proporcionando seguridad jurídica, mientras que la segunda establece barreras para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. El énfasis en la categorización de riesgos y los requisitos de cumplimiento técnico de la AI Act se percibe por la industria como desproporcionado, tanto por las startups como por las grandes desarrolladoras.
La AI Act se diseñó para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se desarrollen de manera segura, pero establece costos elevados de conformidad y procesos de certificación complejos. Este enfoque perjudica a las empresas más pequeñas que carecen de los recursos necesarios para adaptarse, dando la impresión de que el legislador europeo ha tenido solo en mente a las big tech y no a los actores pequeños o medianos.
El consenso respecto a MiCA es el opuesto. La norma se posiciona como un catalizador que reduce la incertidumbre regulatoria y crea un entorno atractivo para proyectos innovadores. Al no imponer requisitos que la industria en general considere excesivos (cosa que sí ocurre con la AI Act), el marco de criptoactivos permite a startups y a las empresas consolidadas centrarse en sus proyectos sin sufrir requerimientos burocráticos desmedidos. Además, la posibilidad de operar en toda la Unión Europea bajo pasaporte único elimina barreras de entrada al mercado, favoreciendo la colaboración transfronteriza y la expansión global de las empresas europeas.
El éxito operativo de MiCA radica en su enfoque estratégico, que estabiliza el mercado sin frenar ni la innovación ni la competitividad. Esto contrasta con la AI Act, una norma bien intencionada pero que resulta un obstáculo para que Europa compita con Estados Unidos o China en la carrera tecnológica.
