Las principales asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (entre las que están el Colegio Nacional, CNLAJ, y la Unión Progresista, UPSJ) se han dirigido por carta al ministro Félix Bolaños para hacerle partícipe de su malestar y preocupación por la negociación con los sindicatos generalistas de una posible modificación del actual sistema de acceso a este cuerpo funcionarial. La idea es ampliar el porcentaje de plazas reservadas a la promoción interna, cubiertas por los gestores procesales que superan las pruebas, frente al denominado turno libre, nutrido en su mayoría por recién graduados en derecho. En un comunicado publicado este jueves, 27 de junio, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) refleja la inquietud del colectivo por las consecuencias esta reforma.
Tras la reunión mantenida ayer, miércoles 26 de junio, con Sofía Puente, secretaria general para la innovación y calidad del servicio público de Justicia, las citadas asociaciones creen que esta reforma puede incidir negativamente en la actividad. El plan baraja la modificación del porcentaje de distribución de las plazas entre el turno libre y el de promoción interna, dando más cancha a esta última puerta de acceso. Actualmente, existen un 30% de plazas reservadas a los opositores por promoción interna. Por otro lado, también se maneja acabar con la regla por la que aquellas plazas que no se cubren por promoción interna se añaden a las de turno libre. En definitiva, lamenta Xoan Xosé Yáñez portavoz de UPSJ, “esta modificación puede dar lugar a una disminución de las plazas cubiertas en cada convocatoria”.
El malestar de los letrados se acrecienta por el hecho que, según manifiestan en su escrito, no se les ha tenido en cuenta hasta el momento para consensuar una modificación tan importante y sienten que se ha negociado a sus espaldas. “Es inaceptable que algo tan sensible y tan trascendente se pretenda hacer obviando la exigencia legal de audiencia a las asociaciones y el compromiso asumido en el acuerdo de marzo que puso fin a nuestra huelga, sin traslado de documento alguno que nos permita saber qué es exactamente lo que se pretende y todas las consecuencias precisas que puede conllevar”, recoge el comunicado. El acuerdo al que hace referencia la nota es el alcanzado el 28 de marzo de 2023 que puso fin a meses de huelga del colectivo en lucha por una subida salarial acorde a las nuevas responsabilidades asumidas en décadas.
“El ministerio está dispuesto a llegar a acuerdos sin escucharnos y sin una propuesta clara”, clama Yáñez en conversación telefónica con este medio. Este, asegura, no es el espíritu del acuerdo del 28 de marzo. El letrado quiere dejar claro que las asociaciones defienden “a los opositores de los dos turnos”. “Lo que tiene que solucionar el ministerio es lo irregular de las convocatorias”. Según expone Yáñez, las convocatorias se han ido retrasando de manera que ya no son anuales y, en ocasiones, hay que esperar hasta tres años para que se abran nuevas plazas. “Una situación injusta tanto para los recién graduados como para los gestores que esperan poder subir de categoría”.
Este nuevo motivo de conflicto entre el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, y los letrados de la Administración de Justicia se produce en un momento en el que también está en marcha una modificación global de la estructura de tribunales y juzgados en España.
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