Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 256 personas físicas y jurídicas en 2023 y concluyeron la investigación en 32 procedimientos

El pasado año, los órganos judiciales dictaron un total de trece sentencias, de las que ocho fueron total o parcialmente condenatorias.

Durante 2023, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 185 personas físicas y 71 personas jurídicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 13 sentencias en todo el territorio nacional.

Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al año 2023 y a su último trimestre.

El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, sentido del fallo, etc.), que se actualizan cada tres meses.

La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303).

Del total de los 32 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2023, 5 corresponden al cuarto trimestre del año.