El pasado 28 de mayo se celebró en Madrid el I Congreso Nacional de colaboración público-privada en la lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos. En él se destacó la importancia de las medidas preventivas que debe adoptar el sector privado ante las amenazas emergentes.
Perseguir la financiación siempre se ha revelado como una herramienta muy útil para combatir el terrorismo. Como en el cuento de Pulgarcito, el rastro económico que va dejando el delincuente nos acaba llevando hasta él, permitiendo a las autoridades desmontar desde ahí el resto de la actividad terrorista.
Desarticular un comando terrorista es labor propia las fuerzas de inteligencia y de seguridad. Pero identificar si el cliente de un banco o de una inmobiliaria es un potencial terrorista, descubrir si pretende financiar actividades ilícitas, y dar cuenta de ello a las autoridades, es algo que sólo puede realizar el sector privado.
Conscientes de esta responsabilidad, tanto los estándares internacionales como la normativa española, principalmente la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obligan a determinados sectores de actividad (bancos, inmobiliarias, notarios…) a colaborar con las autoridades en la salvaguarda de estos intereses públicos.
Estos deberes constituyen una carga laboral y económica para estos sujetos obligados, quienes con frecuencia se quejan de actuar para el Estado como “funcionarios sin sueldo”. Sin embargo, su trabajo (de incalculable valor) constituye una pieza imprescindible de un sistema articulado así para que todos vivamos mejor.
En los últimos años, asistimos a una radicalización de los conflictos que ha derivado en un auge de los extremismos de todo signo. Dentro de ellos, azuzados por conflictos como los atentados de Hamas, ha resurgido con especial virulencia el islamismo radical. Así se refleja en la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de blanqueo y de Financiación del Terrorismo que hemos realizado en el Tesoro Público este mismo año, y cuya versión pública ya se puede encontrar en la página web del Tesoro.
La vieja Europa, es vista como una amenaza para el islamismo radical, y para destruir sus cimientos grupos como Daesh proponen a sus fieles unirse a una “yihad financiera” con la que recolectar fondos para su causa. La práctica de la donación es una costumbre muy arraigada en el mundo musulmán, hasta el punto de constituir uno de los cinco pilares básicos del Islam (el llamado “zaqat”). De ahí que la demanda de colaboración económica siempre encuentre entre su comunidad un eco muy superior que en Occidente.
Si bien la obligación de donar es antiquísima, lo que ha cambiado sustancialmente son los métodos de canalización de fondos. Aunque en el Corán no haya mención alguna a las plataformas de crowdfunding, los códigos QR, o los métodos bancarios clandestinos. Los terroristas tienen claro que su uso es fundamental para alcanzar los fines que se proponen. También se han empezado a utilizar los “neobancos”, que admiten ingresos en criptomonedas y las transforman en dinero fiat para movilizar fondos evitando las entidades bancarias. Otra práctica novedosa es el uso de remesas internacionales destinadas a los desplazados por los conflictos de Siria e Irak, empleando pequeñas cuantías y canales que dificultan su detección.
Estos métodos se suman a otros más tradicionales como la hawala, con el que durante siglos una red de corredores de confianza, especialmente en regiones de Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia, lleva transfiriendo fondos de manera informal sin necesidad de mover físicamente el dinero.
En este escenario, complejo e incierto, la colaboración público-privada parece la única vía para mitigar los riesgos. Pero, ¿qué se espera exactamente de unos y otros?
Como se vio en el congreso de Madrid, del sector público se esperan orientaciones concretas, confidenciales y actualizadas, que pongan fácil a sus “funcionarios sin sueldo” su contribución a tan valiosa labor.
En cuanto al sector privado, se espera que ponga las luces largas y sepa ver más allá del peso de la carga burocrática que le exige la Administración. Cuentan que en la Edad Media, en plena solana, un hombre vio a tres obreros trabajando en una obra, pero le llamó la atención que uno estaba visiblemente molesto, otro resignado, y el tercero claramente feliz. Con curiosidad, les preguntó a los tres por lo que hacían: el primero le contestó que ponía un ladrillo encima de otro; el segundo, que se ganaba el pan de sus hijos, mientras que el más feliz respondió que estaba construyendo una catedral.
Con este enfoque, sirvan estas líneas para trasladar un sincero agradecimiento a todo el personal del sector privado que, desde su discreta y anónima labor, contribuye cada día a prevenir la financiación del terrorismo para que todos vivamos mejor.
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