La Comisión ad hoc para el proyecto de ley integral de Salud Mental mayores antecedentes de la auditoría realizada por la Contraloría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales acerca de la gestión de trasplantes de órganos.
El proyecto de ley integral de Salud Mental, fue el acuerdo que adoptaron los integrantes de la Comisión de Salud. Esto con el fin de dar mayor tiempo al Ejecutivo para que recoja las observaciones realizadas por los parlamentarios. La solicitud fue acogida posteriormente, en la sesión ordinaria.
La norma iniciada en mensaje, busca propiciar el bienestar mental de todas las personas en todo su ciclo vital con pleno respeto a su dignidad y derechos fundamentales. Dado su enfoque integral involucra a los ministerios de Salud (Minsal), Educación, Vivienda y Urbanismo, de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social (Mideso), y de Justicia.
El proyecto hace referencia a los deberes generales del Estado para la promoción y protección de la Salud Mental. Establece la atención preferente de estos pacientes, en la Corporación de Asistencia Judicial. Crea un marco institucional de la Política Nacional de Salud Mental generando un plan nacional y un comité interministerial.
Además, refuerza los derechos de los pacientes siquiátricos en cuanto a la toma de decisiones respecto al consentimiento informado, curaduría provisoria de bienes, eliminación de la reserva de la ficha clínica, y supresión de la posibilidad de aplicar tratamientos invasivos o irreversibles sin consentimiento.
Crea un Plan de Desinstitucionalización que implica el proceso de cierre o transformación de establecimientos siquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
En la sesión del martes pasado, los senadores Javier Macaya (presidente) y los integrantes Ximena Ordenes y Juan Luis Castro admitieron que este texto “no los satisfacía”, por lo que era necesario que “el Ejecutivo introduzca indicaciones que aterricen las declaraciones que se hacen para que no queden en solo buenas intenciones”.
Los parlamentarios hicieron referencia a materias que han sido debatidas en sesiones anteriores como la falta de presupuesto de este proyecto, porque solo se apela a recursos de la ley de presupuestos, la necesidad de cerrar brechas de acceso a tratamientos dada la lista de espera siquiátrica, la baja disponibilidad de camas y de especialistas en el sector público.
También se ha mencionado que la ley vigente, la 21.331 que reconoce y protege los derechos de las personas en la atención de salud mental, aún no tiene promulgados sus reglamentos (sobre hospitalización involuntaria, conductas perturbadoras y normas y técnicas de operatividad), de allí que resulte improcedente generar otra ley si la vigente no está en funcionamiento.
Sumando antecedentes, la Comisión recibió al director del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, Pablo Egenau, quien aseguró que “en el mundo hay 64 millones de personas con algún trastorno asociado al uso de drogas mientras que Chile existirían 30 mil pacientes siquiátricos, de los cuales solo el 5% recibiría tratamiento”.
