La UE saca adelante la norma que veta la importación de productos hechos con trabajo forzoso | Economía

La Unión Europea ha desplegado esta legislatura la legislación con la que persigue cierta reciprocidad en sus relaciones comerciales y, al mismo tiempo, alinearla con sus valores y objetivos ambientales. El último eslabón en esta cadena ha sido la aprobación este martes en el Parlamento Europeo de la norma que veta la entrada en el mercado único productos fabricados con mano de obra forzada. El voto ha alcanzado una amplísima mayoría de 555 votos a favor por solo seis en contra y 45 abstenciones. El texto aprobado permite a la Comisión Europea investigar los casos en los que se sospeche que hay trabajo forzoso fuera de la UE y se faculta a las autoridades competentes para retirar del mercado estos productos o su confiscación en las fronteras.

Esta regulación se suma a otras que buscan reequilibrar elementos de las relaciones comerciales de la UE, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que salió adelante definitivamente hace un año y que a partir de 2026 aplicará un arancel a los productos importados que se hayan fabricado con requisitos climáticos menos exigentes que en la Unión. En la misma línea están otras normas como la que busca frenar la deforestación, que exige que los productos que llegan de fuera de terceros países no procedan de áreas deforestadas después de 2020. Ambas, además, están en consonancia con los valores medioambientales que ha impulsado Bruselas en esta última legislatura.

En el caso de la directiva contra el trabajo forzoso, las propias consideraciones iniciales del texto apuntan a que “la erradicación del trabajo forzoso, en todas sus formas, incluido el trabajo forzoso impuesto por el Estado, es una prioridad para la Unión”. Esa aclaración que apunta al “impuesto por el Estado” señala directamente a China, el país que también puede recibir el impacto directo en sus exportaciones a la UE cuando empiecen a aplicarse plenamente estas normas. Según los números utilizados durante la tramitación del reglamento, en el mundo había en 2021 cerca de 28 millones de personas obligadas a trabajar.

“Las autoridades de los Estados miembros y la Comisión Europea podrán investigar mercancías, cadenas de suministro y fabricantes sospechosos. Si se considera que un producto ha sido fabricado utilizando trabajo forzado, ya no será posible venderlo en el mercado de la UE (incluido en línea) y los envíos serán interceptados en las fronteras de la UE”, apunta el comunicado emitido por el Parlamento tras su votación.

A la hora de iniciar una investigación se espera contar con la información que puedan suministrar “organizaciones internacionales, autoridades cooperantes y denunciantes”. “Se tendrán en cuenta varios factores y criterios de riesgo, como la prevalencia del trabajo forzoso impuesto por el Estado en determinados sectores económicos y zonas geográficas”, señala el mismo texto.

“Europa no puede exportar valores e importar productos hechos con trabajo forzado. Tenemos que acabar con la esclavitud moderna. Hay 28 millones de personas explotadas en el mundo, 1,5 millones dentro de la UE. La norma obligará a todas las empresas que utilizan trabajo forzado en algún de punto de su cadena de suministro a que sus productos sean retirados de la UE y confiscados”, recordó la eurodiputada española Inmaculada Rodríguez-Piñero, del PSOE.

“Hemos adoptado una legislación pionera para combatir el trabajo forzoso en todo el mundo. Este reglamento fomenta la cooperación internacional y de la UE, traslada el poder de los explotadores a los consumidores y empleados, y ofrece posibilidades de recurso a las víctimas. También transforma las políticas comerciales en un futuro más ecológico y justo”, ha apuntado una de las ponentes del reglamento, la eurodiputada Samira Rafaela, perteneciente a los liberales de Renew.

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