La formación en la Administración Pública es un elemento clave no solo para aquellos empleados públicos que se incorporan a las instituciones por primera vez, también lo es para garantizar profesionales cualificados y en continua adaptación a un entorno con muchos cambios y de forma continua.
Este reto que afrontan responsables de formación, de función pública y de cada una de las áreas de las instituciones es analizado en este nuevo Club de los Miércoles por expertos para debatir sobre procesos, objetivos, desafíos e innovación.
El Club de los Miércoles, que organiza Aranzadi LA LEY, celebró ayer una nueva edición, en la que se debatió sobre esta cuestión: Procesos, objetivos, desafíos e innovación en la formación del sector público.
En el encuentro, que estuvo moderado por Edurne Lazkano, responsable de Marketing – Sector Público. Aranzadi LA LEY, intervinieron como ponentes Daniel Fernández Rodríguez, subdirector y secretario de la Comisión de Función Pública, Justicia y Recursos Humanos (Federación Española de Municipios y Provincias) y Ana María Porras del Río Coordinadora de formación en INAP. Profesional TIC del Estado (CSSTIAE).
Mapeo de necesidades y formación
Los expertos debatieron sobre cuestiones como la forma en que debe articularse un mapeo de necesidades formativas en la administración, qué papel juega la formación para la promoción de los empleados públicos o cómo se articula este tipo de formación desde las instituciones.
Daniel Fernández hizo hincapié en que el comienzo de las necesidades formativas es la persona, “que es la que mejor conoce sus necesidades”, por lo que “es fundamental que nos den nuevas ideas”. Como gestores de formación “tenemos que estar pensando en el futuro, que debe ser transversal, para que afecte a todos los ámbitos de una organización”. Recalcó además que la formación “es fundamental para transmitir valores organizacionales”, pero “es solo una herramienta, no debe ser un fin”.
Explicó que en los procedimientos para la promoción “es muy importante que haya unas valoraciones objetivas de las capacidades de los trabajadores a través de los méritos que van acumulando”, ya que eso facilita la promoción en los concursos a un nivel superior. El problema es “llegar a la meritolits”, por la importancia que los empleados públicos dan más del título por delante de la formación en sí. “A veces nos preguntan más por el tipo de certificado o el número de horas que por los contenidos de la formación”. Lo que ocurre, añadió, “es que se accede al puesto por medio de la promoción se pierde la motivación por seguir formándose, cuando debería ser justo al revés. Nos formamos hasta que alcanzamos la incapacidad máxima de formarnos”, afirmó de forma gráfica.
Por su parte, Ana María Porras explicó que para hacer un mapeo de necesidades formativas se debe contar antes “con un marco estratégico para mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta a los ciudadanos”. Recalcó también la necesidad de trabajar con datos internos para poder marcar y alcanzar objetivos y “para saber por ejemplo cómo podemos formar a nuestros efectivos y copiar del resto de las administraciones de todo lo bueno que hacen en materia de formación”.
Coincidió con su compañero de mesa en que en la administración pública hay muy poca formación obligatoria, “por lo que hay que convencer al empleado de que haga la formación. Si no hay una puntuación para la promoción, tenemos que buscar la forma de lograr que haya un interés por hacerlo”.
