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La Procuraduría General informó que ordenó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Así mismo, se vincularon otros funcionarios como al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero así como a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís.
Por su parte, el Ministerio Público informó que analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos a cambio de obtener la aprobación de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno. Mismos que fueron sacados de los recursos de la entidad.
Finalmente informó que la acción “busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad“.
Respecto a a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, se le vinculó a la indagación previa en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas por presuntamente haber recibido dineros de la compra de carrotanques.
