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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, proporcionó actualizaciones sobre la investigación relacionada con el software ‘Pegasus’, enfocándose en determinar su ubicación, la autoridad que lo adquirió y si exfuncionarios del gobierno de Iván Duque o de las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados en su uso en 2021, tal como lo señaló el presidente Gustavo Petro.
Camargo confirmó, en una entrevista con el diario El Tiempo, que hay registros de transacciones financieras por un total de US$11 millones, documentadas en un informe de una entidad israelí que fue entregado a la Fiscalía.
Hasta ahora han sido entrevistados varios exfuncionarios, incluyendo al exdirector del Dapre, Víctor Muñoz; el exviceministro Jairo García; el general Juan Diego Sepúlveda, quien estuvo al mando del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares; y el general (r) Carlos Iván Moreno, exsegundo comandante del Ejército.
También, comentó ella, han hablado con Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, del gobierno de Petro; y Carlos Ramón González, exdirector de inteligencia.
El presidente Petro mencionó recientemente vuelos con ejecutivos de NSO Group y volvió a culpar al gobierno Duque por la adquisición del software. Camargo detalló que la investigación comenzó antes de recibir información de la Uiaf de Israel, tras una denuncia de un magistrado de la Corte Constitucional preocupado por posibles interceptaciones de sus comunicaciones.
La Fiscal explicó que, aunque no se cuenta con relaciones diplomáticas con Israel, las verificaciones preliminares sugieren la adquisición del software. Han investigado diversas dependencias, pero hasta el momento no han encontrado una compra oficial.
Sin embargo, los documentos israelíes respaldan la existencia de la transacción de US$11 millones, con un primer pago de US$5,5 millones en junio, que fue reportado como una operación sospechosa.
Camargo confirmó que la información de la Uiaf de Israel, que ha sido desclasificada, confirma que los US$11 millones se destinaron al pago de NSO Group por el software ‘Pegasus’. Camargo enfatizó la gravedad de las denuncias y su relación con las preocupaciones planteadas por el magistrado Ibáñez sobre interceptaciones ilegales, lo que une ambos casos en la investigación actual.
