La compleja jungla normativa que caracteriza el ordenamiento jurídico español, integrado por normas estatales, autonómicas y locales que no siempre coexisten de manera pacífica, sino que se superponen, se duplican y en ocasiones incluso se contradicen, constituye un viejo problema que todo el mundo reconoce y nadie consigue resolver. La magnitud de esa maraña regulatoria, acumulada a lo largo de los años, ha sido cuantificada en un informe publicado por el Banco de España que cifra en casi medio millón las leyes aprobadas desde el inicio de la democracia.
El estudio concluye que la complejidad regulatoria pasa una factura a la economía y al mercado de trabajo, hasta el punto de que cada incremento adicional se asocia con una caída del 0,7% en la cuota de empleo del sector correspondiente. Los efectos adversos perjudican especialmente a las empresas más pequeñas y a las más jóvenes. Por sectores, la industria manufacturera es la que sale peor parada, al soportar un impacto negativo un 50% mayor que en el caso del sector servicios.
Las empresas se han quejado reiteradamente y a lo largo de los años del coste que exige lidiar con un acervo de leyes que se multiplica cada año. Según CEOE, la regulación española, estatal y autonómica, creció un 22% en 2022 y su publicación consumió 1.329.865 de páginas. Uno de los ámbitos más conflictivos es la normativa fiscal, en la que el problema no es solo la complejidad regulatoria, sino también las diferencias de trato fiscal en función del territorio.
Una economía de mercado necesita contar con una regulación sólida, eficiente, equitativa y adecuada a las necesidades de las empresas y de los consumidores. En ese sentido, el reto de un buen ordenamiento jurídico no es solo la calidad de las normas, sino también su simplicidad y su estabilidad, de forma que se regule lo que es necesario regular, pero que no se multipliquen normativas sobre una misma realidad ni se cargue a empresas y ciudadanos con una factura innecesaria tanto en tiempo como en dinero.
El hecho de que en España coexistan tres niveles administrativos contribuye a multiplicar leyes, reglamentos y ordenanzas y exige un esfuerzo extra para racionalizar la producción normativa. Abordar ese problema no solo beneficiará al empleo y a la inversión, sino que garantizará la unidad de mercado, evitará la proliferación de reinos de taifas regulatorios y ayudará a reducir una litigiosidad administrativa cuya factura pagamos todos.
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