El proyecto que prohíbe los dispositivos electrónicos destinados a interceptar o interferir señales de telecomunicaciones.
Enmarcado en la agenda de seguridad, el mensaje prohíbe –con algunas excepciones- la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones y establece sanciones.
Prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento
El mensaje -que pasó a tercer trámite y fue respaldado por mayoría- forma parte de la agenda de seguridad y tal como informó la senadora Ximena Ordenes, presidenta de la Comisión de Transportes, “apunta a darle más seguridad a las familias chilenas” y recordó que el uso de los inhibidores ha sido parte de la comisión de delitos a camioneros, robo de vehículos e incluso puede ser usada en otro tipo de criminalidad, como el terrorismo.
El mensaje precisa que solo quedan exceptuados de utilizar estos inhibidores de señal las policías, las FF.AA., Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Además, la Presidencia de la República, y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
Los senadores que respaldaron, valoraron que se avanza, además, en “proteger infraestructura crítica de telecomunicaciones”, cuestión, precisaron, “positiva, necesaria y urgente, sobre todo en la crisis de seguridad que afecta al país”.
Con esto se limita la venta de interceptores, que hoy no está regulada y es posible adquirir “a un simple click”, “pasando a ser un dispositivo de fácil acceso que puede ser un gran facilitador de la comisión de delitos”.
Además, se destacó que se establecen excepciones para las policías, las FF.AA., Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Además, la Presidencia de la República, y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
Sin embargo, se dejaron planteadas algunas dudas para que sean abordadas en su tercer trámite, entre otras, resolver qué sucederá con las instituciones que hoy usan inhibidores, como el Congreso Nacional; uso y señal de GPS; además de explorar un programa satelital propio del país.
El proyecto prohíbe la fabricación, comercialización, adquisición, importación, exportación, utilización, tenencia o porte de dispositivos electrónicos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones.
Exceptúa de esta prohibición a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, a las empresas autónomas del Estado y sus dependientes que forman parte de la industria de la defensa, a Gendarmería de Chile, y a los Ministerios e instituciones que expresamente se enumeran, quienes podrán realizar las actividades señaladas en el párrafo primero, cuando así lo requieran, en el marco del ámbito de sus competencias y obligaciones, en conformidad con la ley.
Asimismo, faculta al Ministerio encargado de la seguridad, en la forma y condiciones que determine un reglamento dictado por dicho ministerio, para autorizar a personas jurídicas la realización de cualquiera de las actividades prohibidas.
Sobre sanciones se indica que la fabricación, comercialización, adquisición, utilización, tenencia o porte de uno o más de estos dispositivos, sin la autorización correspondiente, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años) y multa de 50 a 100 UTM. ($ 3.300.000 a $ 6.600.000) y comiso de los equipos, dispositivos e instalaciones.
