El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mostrado, tras solo cuatro meses en el cargo, un profundo conocimiento no solo del sector sanitario en su conjunto, sino del ámbito farmacéutico en particular. Así se ha podido observar a lo largo de la participación que ha tenido en el acto convocado por Diariofarma para la presentación de su informe ‘La Política Farmacéutica en 2023’, que ha congregado a medio centenar de máximos directivos de compañías, patronales, entidades y asociaciones profesionales del sector farmacéutico.
Este informe recoge las reflexiones de 22 relevantes personalidades del sector sobre los aspectos clave que sucedieron a lo largo del pasado año tanto en Europa como en España. En el acto de presentación del informe junto al secretario de Estado de Sanidad han participado como ponentes el vicepresidente y director general para España, Portugal y Turquía de IQVIA, José Luis Fernández; y el presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, ambas compañías han hecho posible tanto la edición del informe como del acto.
A lo largo del acto, Padilla ha expuesto las líneas generales de trabajo que tiene el Ministerio de Sanidad en materia farmacéutica y, además, ha respondido a las preguntas de los asistentes, sin rechazar ninguna y defendiendo con firmeza y siendo didáctico sus argumentos en cuestiones como la transparencia, los desarrollos legislativos o el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.
En materia legislativa, Padilla ha señalado la prioridad de aprobar la Ley de Garantías, pero donde ha profundizado más ha sido en relación con la evaluación de tecnologías sanitarias. Según ha indicado, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias será “probablemente” la primera gran norma en el ámbito farmacéutico que aprobará el actual Ministerio de Sanidad.
Según ha explicado, el borrador del Real Decreto de ETS, que se encuentra “muy avanzado”, permitirá desvincular a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCCSF) de “ciertos procesos de evaluación”. Además, facilitará “incorporar a la evaluación a profesionales tanto de organizaciones profesionales y de pacientes, así como expertos independientes dentro de este proceso de evaluación”. Todo ello dentro de un proceso de evaluación totalmente normalizado y donde las evaluaciones “sean públicas”.
En relación con la Guía de Evaluación Económica elaborada por el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF), se preguntó a Padilla por la perspectiva de las evaluaciones. La guía establece que se debe realizar desde una perspectiva del pagador, pero hay situaciones en las que la perspectiva social es la relevante para determinar lo que un medicamento aporta. El responsable ministerial aceptó la importancia de la perspectiva social, aunque señaló que es un debate “académicamente rico, pero estéril en la realidad”, ya que, en el momento de la decisión de precio y financiación, lo que hay que determinar es el impacto presupuestario, “que no se puede realizar desde una perspectiva social”.
Por su parte, respecto a las reevaluaciones de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), el secretario de Estado dejó claro que se harán “siempre y cuando concurran condiciones que puedan disminuir el coste” de la prestación. Pese a ello, no confirmó si en el nuevo procedimiento de evaluación, que definirá los IPT, se incorporará o no a estos informes la evaluación económica, tras las modificaciones necesarias de la normativa.
Apuesta firme por la transparencia
Otro de los temas relevantes que abordó el secretario de Estado fue la transparencia de precios de los medicamentos, cuestión sobre la que Padilla, al igual que la propia ministra, ha venido hablando a lo largo de los últimos meses. El secretario de Estado explicó que el Ministerio no ha recurrido una sentencia de la Audiencia Nacional donde se obliga a la administración a la publicación del precio confidencial de un medicamento. El dirigente aclaró que darán cumplimiento a lo dispuesto por la justicia ya que han decidido no recurrir dicha sentencia y que harán igual con otras que puedan llegar ya que hay un “riesgo reputacional del Ministerio por recurrir sentencias que va a perder”. A este respecto, indicó que “la mejor forma de proteger, por un lado, los intereses y capacidad de negociación del Ministerio y por otro, las estrategias de negocio de las empresas farmacéuticas, es intentar huir de la opacidad total y publicitar los datos que sí que tienen que estar a disposición de la gente”.
Pese a esta afirmación, también confirmó que no se publicarán los precios confidenciales de medicamentos si no media una “obligación en términos judiciales”.
Más allá, en materia de transparencia, también señaló que están trabajando para aportar mucha más accesibilidad a toda la información que publica el Ministerio. A este respecto, explicó que están trabajando en mejorar la información de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), que actualmente publica informes en formato PDF “totalmente infame”, y que dificultan el acceso a la información. Según dijo, se está trabajando en una serie de fichas, en las que se recogerán tanto los datos de identificación de los medicamentos, como la evidencia existente acerca de las indicaciones que se están solicitando y cuáles han sido las decisiones de la CIPM.
En el mismo orden de cosas, explicó que quieren eliminar barreras respecto de la información que es pública ya que “no existe ningún motivo para intentar sepultar esta información debajo de una pila de documentos con el nombre casi en clave”. A este respecto, aseguró que pretenden dar a conocer al máximo los trabajos del CAPF.
Modificaciones legislativas
El responsable ministerial también abordó el resto de diferentes reformas legislativas que se encuentran en marcha. La reforma de la Ley de Garantías será la prioridad absoluta ya que incorporará aspectos “muy relevantes”. Padilla citó la modificación del sistema de precios de referencia (SPR), la modificación de la disposición adicional sexta o un incremento de las competencias de los farmacéuticos y su reconocimiento profesional.
A este respecto, la nueva norma contemplará que los farmacéuticos comunitarios tengan la capacidad de hacer sustituciones “en condiciones determinadas y no solo en un contexto de desabastecimiento”, aclaró Padilla. El objetivo, además, es “poner en valor la función de los farmacéuticos comunitarios, profesionales totalmente cualificados”, expuso. Además, se contemplará aspectos relacionados con el uso racional de medicamentos en el ámbito de la Atención Primaria.
La situación del mercado de genéricos fue otro aspecto relacionado con la Ley de Garantías sobre la que se le preguntó al responsable ministerial. Padilla señaló que la reforma contempla medidas para solucionar los problemas actuales y que son demandadas por la industria de genéricos. A este respecto, adelantó que en la reforma del SPR esperan que contemple alguna de las propuestas que vienen siendo planteadas tanto por la industria farmacéutica de genéricos como por la industria farmacéutica de medicamentos innovadores.
Además, se mostró convencido de que el SPR “tiene mucho que mejorar” y explicó que se diseñó en un momento en el que “el desabastecimiento no era un tema central de conversación”. Por ese motivo, Padilla expresó su intención de aportar soluciones a esta cuestión, así como para establecer “protección frente a las bajadas temerarias que ponen en riesgo el tejido industrial y la accesibilidad”.
Por otro lado, el dirigente ministerial planteó que están buscando la manera de “generar una diferenciación” en la legislación entre medicamentos de marca y genéricos en ámbito ambulatorio y con los biosimilares en el hospital.
Legislación Europea
El secretario de Estado abordó algunos aspectos del desarrollo legislativo farmacéutico en el ámbito europeo, destacó la gran implicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) así como la DGCCF, pero no quiso desvelar la posición que el gobierno va a adoptar en el seno del Consejo de Europa ya que forma parte de su estrategia y negociación. No obstante, expuso que la postura que defenderán será “totalmente coherente con lo defendido en los últimos años” y que estará vinculada con el “intento de alinear los incentivos con los intereses socialmente deseables y con la preservación de los intereses comerciales de las empresas desarrolladoras”.
Por otro lado, Padilla quiso poner de manifiesto la importancia de la regulación del Espacio Europeo de Datos ya que, según dijo, “estamos en un momento clave”. España cuenta con su propio espacio de datos sanitarios y la importancia que el Gobierno da a esta cuestión se ve “reflejada en el propio organigrama del Ministerio” ya que la única secretaria general que tiene es la de Salud Digital, Información e Innovación.
Digitalización y uso secundario de datos
Jose Luis Fernández abordó la importancia de los datos para la sostenibilidad. “El sistema es rico en datos y pobre en información, el uso primario del dato es muy bueno, pero el uso secundario tiene bastante de mejorar y, no solo en España sino en toda Europa”, expuso el director general de IQVIA. Según él, España es un referente en digitalización y en uso secundario de datos en salud, lo que conlleva poder adoptar mejores decisiones clínicas, terapéuticas y de gestión que redundan en una mejora asistencial y mayor eficiencia en los recursos. En este sentido, quiso resaltar que “nada más que mejorando la calidad asistencial y reduciendo la variabilidad en la práctica clínica se podrían salvar al año cien mil vidas de pacientes oncológicos en Europa”. Según dijo, es clave entender los resultados, medir y entender lo que está ocurriendo.
Asimismo, hizo referencia a aspectos como la incorporación de la innovación terapéutica en beneficio de los pacientes y para el país, ya que se podrán “transformar más hospitales españoles en verdaderos ecosistemas de investigación”, lo que redundará en atraer más inversión al país.
Por ello, según él, avanzar decididamente en la digitalización y en el uso secundario de los datos en salud, puede convertirse, en uno, no el único, uno de los pilares en los que sustentar a medio-largo plazo la sostenibilidad del sistema sanitario.
En este sentido, Jose Luis Fernández puso de manifiesto que, desde su punto de vista, la aprobación respecto al Espacio Europeo de Datos Sanitarios no se producirá en 2025, ya que no solo hay problemas tecnológicos de interoperabilidad de los sistemas, sino que “para empezar la interpretación legislativa sobre privacidad de los datos es distinta en los países de la UE”. Por tanto, aseguró Fernández, existen una serie de obstáculos importantes para que ese proyecto vea la luz a corto plazo. No obstante, destacó que es una iniciativa “maravillosa” no solo por el uso primario de datos en toda la UE, sino también por el uso secundario que traerá más inversión para la innovación a la UE.
Distribución farmacéutica
El punto de vista de la distribución y farmacia respecto a los retos de futuro fue abordado por Antonio Mingorance. Resaltó la importancia de la equidad que significa que cualquier persona pueda acceder a cualquier medicamento en todo nuestro país con independencia del lugar donde se resida. En este contexto, destacó la labor de la distribución, como colaboradora y que hace posible que todo el arsenal terapéutico que está disponible en nuestro país sea asequible y accesible a todas las farmacias. Esto hace que, en definitiva, que “contemos con uno de los modelos de prestación farmacéutica quizás de los mejores de Europa”, aseguró.
Por otro lado, quiso destacar que, desde la distribución farmacéutica, en concreto Bidafarma se sustenta en un modelo cooperativo. “No nos sentimos como una empresa sino como una cooperativa de economía social sanitaria” que, más que el objetivo de obtención de un retorno de la actividad económica, su mayor fin es ser útiles a las farmacias a las que se deben y, por supuesto, a la sociedad. En este contexto, resaltó la labor sanitaria y social que se realizó desde las oficinas de farmacia durante la pandemia, y que ha abierto una vía de colaboración. Por ello, apuntó que, en relación con la prestación farmacéutica, no hay mayor equidad que el permitir a una persona que necesita adquirir un medicamento que pueda acceder a través de una oficina de farmacia que se encuentra a 250 metros de su casa, en vez de desplazarse cientos de kilómetros.
