La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que en los “próximos días” comenzará el periodo de audiencia pública de la Ley de Gestión Pública del SNS, cuyo objetivo es “consagrar la supremacía” del Sistema Nacional de Salud y poner en cuestión la concertación de servicios con la sanidad privada. García ha realizado estas declaraciones en el marco del encuentro ‘En Defensa de la sanidad pública: Cuidemos la pública’ organizada en el ministerio de Sanidad, con diversas asociaciones en defensa de la sanidad pública, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud.
Según ha explicado la ministra “la sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende” y en esa línea ha defendido el papel de las mareas blancas “que levantaron un muro contra la privatización”. Para Mónica García lo importante “en los próximos años es defender la vida frente a la emergencia climática, frente a los tambores de guerra, frente a la desigualdad y frente al sálvese quien pueda”.
El inicio de esta tramitación vuelve a traer a escena una de las normas que quedó en el tintero la pasada legislatura. La ministra ya anunció en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, la puesta en marcha de una ley dirigida a “garantizar y blindar la gestión directa de nuestro Sistema Nacional de Salud”.
En aquella ocasión la ministra indicó que se “relaciona la privatización sanitaria con el aumento de la mortalidad evitable” y con un “empeoramiento de la asistencia y la calidad asistencial”. Además, señaló que “un mayor porcentaje en la prestación del sector privado se asoció con mayores tasas de mortalidad evitable”.
Lo que quedará ahora por aclarar es el atasco de una norma que el anterior Gobierno de coalición, con Carolina Darias al frente del ministerio, ya intentó sacar adelante. La denominada ‘Ley Darias’, cuyo trámite se encuentra en algún cajón del Congreso de los Diputados, priorizaba la gestión directa y pública de la sanidad y grantizaba el acceso de colectivos de inmigrantes ilegales.
El proyecto provocó tensiones entre los socios del anterior Gobierno. En concreto, Unidas Podemos consideraba que el texto no incluía restricciones reales a la privatización sanitaria, que de facto solo priorizaba, ni derogaba la ley 15/1997, algo que la norma planteada por Mónica García si pretende adoptar, al menos por las declaraciones que ha realizado este jueves: “el objetivo es revertir los pésimos efectos de aquella modificación de la Ley 15/1997” ha asegurado, si bien no ha indicado su alcance.
