El próximo 3 de noviembre concluirá el mandato del magistrado Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), abriéndose así una sucesión para la que ya se perfilan candidatos como Ana Ferrer o Andrés Martínez Arrieta, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Marchena fue elegido presidente de la Sala Segunda en 2014 y renovó su mandato por otros cinco años en 2019. La ley permite una sola prórroga, por lo que una vez expirado este segundo mandato abandonará la Presidencia para continuar como magistrado.
De forma inmediata, le sucederá interinamente Andrés Martínez Arrieta, por ser el magistrado más antiguo de la Sala Segunda. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pondrá en marcha el proceso para elegir nuevo presidente, convocando la plaza para que se abra el plazo de presentación de candidaturas.
De acuerdo con las citadas fuentes, la magistrada progresista Ana Ferrer parte como favorita del bloque progresista del nuevo CGPJ, que ya la propuso para la Presidencia del propio Consejo y del Supremo, si bien el cargo recayó en la también progresista Isabel Perelló.
Ferrer fue una de los cinco magistrados que juzgaron el ‘procés’. Sin embargo, sus posiciones se han ido distanciando de las de sus compañeros. Así, recientemente firmó un voto particular en el que abogaba por amnistiar la malversación del 1-O, algo que la Sala de lo Penal descartó.
También emitió otro voto particular, junto a su compañera Susana Polo, en el que ambas discrepaban de la sentencia mayoritaria que confirmó las condenas por el ‘caso ERE’. En este caso, esgrimió que el ex presidente andaluz José Antonio Griñán y los otros cuatro condenados que eran «ajenos» a la Consejería de Empleo deberían haber sido absueltos del delito de malversación.
Precisamente estos escritos fueron determinantes para que el bloque conservador del CGPJ vetara su candidatura a la Presidencia del Consejo y del Supremo, por lo que cabe esperar que estos diez vocales se resistan igualmente a su designación como jefa de la Sala Segunda, en el caso de que efectivamente llegue a postularse.
Así las cosas, otro nombre que suena con fuerza es el del propio Martínez Arrieta, que no solo es el magistrado más antiguo de la Sala Segunda, sino del Tribunal Supremo y de toda España, ya que es el número uno en el escalafón de la carrera judicial.
Tal estatus convertiría la suya en una candidatura con «gran peso», destacan desde el alto tribunal. Hasta el punto de que no sería de extrañar que Martínez Arrieta fuera el candidato elegido por respeto a su veteranía, postergando la pugna sucesoria a su jubilación.
Sin embargo, las fuentes consultadas avisan de que podrían surgir otros aspirantes, entre ellos el que fuera fiscal general del Estado y actual miembro de la Sala Segunda, Julián Sánchez Melgar.
Además, hay que tener en cuenta que puede postularse cualquier magistrado del TS que cuente con tres años de servicios en la categoría. De hecho, el propio Martínez Arrieta se presentó como candidato a la Presidencia de otra Sala, la de lo Militar.
UNA SALA IMPORTANTE
La Sala de lo Penal destaca por ser en la que recaen los asuntos referidos a aforados como los miembros de la cúpula judicial, la Casa Real, las Cortes Generales o el Gobierno.
En este momento, por ejemplo, está pendiente su decisión sobre la petición de imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos cometido en el marco de la causa donde se investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La relevancia de los asuntos de los que conoce justifica la importancia de encabezarla. El presidente tiene entre sus funciones cuestiones de orden interno de la Sala, como avocar al Pleno asuntos destacados.
Esta plaza se sumará a las más de 100 que el CGPJ debe cubrir tras la crisis de vacantes generada por el bloqueo en su renovación, que ha tardado más de cinco años en culminarse. En el Supremo hay que nombrar 29 magistrados, entre ellos uno en la Sala de lo Penal, compuesta por 15 magistrados.
