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El más reciente informe de litigiosidad del Estado fue publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, en cabeza de César Palomino Cortés y su objetivo es ilustrar los datos de las demandas contra la Nación con corte a junio del 2024.
Uno de los datos más destacados es que, en total, la Nación tenía en contra 339.748 demandas, con pretensiones por $712 billones. De estos se destaca que las demandas por temas no laborales fueron 5.850, por temas laborales 11.751 y finalmente por temas pensionales fueron 11.765.
Según el informe, las demandas admitidas este año fueron 28.716 con pretensiones por $14,3 billones. Sin embargo, se puntualizó que la mayoría de los procesos activos han sido admitidos a partir de 2018, es decir 258.402 que corresponden al 76,1% del total de los procesos activos. Por otro lado, los procesos admitidos con anterioridad al 2018 acumulan el 50,1% del total de las pretensiones de los procesos admitidos.
De estas demandas, los procesos judiciales que no son laborales representan el 25,2% (85.770) del total de procesos y concentran el 95,4% de las pretensiones ($621,74 billones), además estas fueron por temas como incumplimiento de sentencias judiciales con 9.241 casos, privación injusta de la libertad con 6.951, Ilegalidad del acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de inspección, vigilancia y control (2.562) entre otros.
Por otro lado, los procesos laborales agrupan la mayor cantidad de procesos (148.979 procesos o 43,8%) pero solo representan el 2,5% del total de las pretensiones ($16,55 billones). Estos fueron por temas de sanción moratoria por la no consignación de las cesantías de los docentes conforme al régimen establecido para los servidores públicos con 40.435 procesos, sanción moratoria por incumplimiento en el reconocimiento y pago tardío de cesantías parciales y/o definitivas (19.199), Ilegalidad del acto administrativo que no reconoce la bonificación judicial (12.758) y el no reconocimiento de pensión de vejez (6.367), entre otros.
En términos de arbitraje nacional, en los últimos tres años el informe muestra una disminución pues se pasó de 69 procesos en 2021, a 31 en 2022, 23 el año pasado y finalmente 34 este año. De estos, los procesos arbitrales activos donde la nación está en calidad de convocante este año son 10.
Asimismo en el informe se destacó que entre las entidades que más demandan por número de procesos judiciales se encuentran el Fondo Nacional del Ahorro con 12.617 procesos, Central de Inversiones SAS con 9.317, Administradora Colombiana de Pensiones con 5.530, seguidas por Unidad Administrativa Especial de Gestión (2.523), Ecopetrol (1.372), entre otras.
Y finalmente, en términos de arbitraje nacional, en los últimos tres años el informe muestra una disminución pues se pasó de 69 procesos en 2021, a 31 en 2022, 23 el año pasado y por último 34 este año. De estos, los procesos arbitrales activos donde la nación está en calidad de convocante este año son 10, mismos que corresponden a sectores de Agricultura Pesquero y Desarrollo Rural, Educación Nacional, Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía.
