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En audiencia celebrada ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C, Colombia reconoció la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial del excandidato presidencial del partido Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, quien fue asesinado mientras viajaba en un vuelo comercial de la ciudad de Bogotá D.C. hacia Barranquilla, el 26 de abril de 1990.
Por su parte, César Palomino Cortés, Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afirmó en el acto que se probó que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados “no solo grupos paramilitares, sino también Agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de su seguridad”.
También se resaltó que al candidato se le vulneraron sus derechos a la libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación y sus derechos políticos, al tratarse de un líder de oposición, firmante de un acuerdo de paz y candidato presidencial.
Asimismo, el Estado también reconoció que las vulneraciones y dilaciones en el proceso penal han afectado los derechos de los familiares de Pizarro tales como a la integridad personal y a la verdad.
Igualmente, resaltó las afectaciones diferenciadas sufridas por María José Pizarro Rodríguez y María del Mar Pizarro García quienes para la época de los hechos, al ser menores de edad, no pudieron ser reconocidas por Pizarro y por ende se les negó su verdadera filiación.
Al respecto, la senadora María José Pizarro afirmó que que a su padre “no lo mató la guerra, sino la paz” y agregó que ha pasado 34 años luchando por la verdad y la justicia.
“Durante 34 años he luchado incansablemente por la verdad y la justicia; ha sido la labor de toda una vida. En este proceso, hemos tenido que hacer lo que la justicia colombiana no ha logrado“, afirmó tras el reconocimiento.
