La primera justificación que dio la compañía Ferrovial para trasladar su sede a Holanda fue que perseguía una mayor seguridad jurídica. Esto fue recibido por el Gobierno y otros agentes económicos como una verdadera ofensa: en España no hay menos seguridad jurídica que en los Países Bajos, bramaron de inmediato numerosos responsables políticos, empresariales y académicos.
Sin quitarles razón a los que defienden que España es un país jurídicamente seguro para las relaciones económicas y comerciales, no son pocos quienes, sin embargo, se quejan de un aspecto que, si no quiebra, sí daña dicha seguridad jurídica: se trata de la profusión de normas legales que se generan cada año y su complejidad regulatoria. España vive desde el inicio de la actual etapa democrática una época extensa de creciente incremento en la creación de nuevas normas desde todos los ámbitos administrativos (estatal, autonómico y local), que se encamina hacia el medio millón de leyes aprobadas en este periodo.
Una investigación publicada recientemente por el Banco de España sobre Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España ha desvelado que desde el inicio de la actual etapa democrática hasta la actualidad (1979-2022) se han aprobado en el país, por parte de todas las administraciones públicas, un total de 414.272 leyes de todo tipo. Un abultado número, que para los autores de este estudio –Juan S. Mora-Sanguinetti (Banco de España); Javier Quintana (Banco de España); Isabel Soler (European University Institute); y Rok Spruk (Universidad de Ljubljan)– encarna lo que denominan complejidad regulatoria. Esta medición de dicha complejidad también implica la legibilidad de estas normas y el número de enlaces de referencia. Así, estos expertos arrancan con una afirmación de partida que consiste en confirmar que “a lo largo del tiempo, todas las medidas que evalúan la complejidad regulatoria han ido aumentando de la mano: el volumen de normativas ha crecido, al tiempo que la legibilidad de los textos ha disminuido y los enlaces de referencia (necesarios para su comprensión) también han aumentado”.
Dicho esto, esta investigación ha utilizado una base de datos de 206.777 leyes de todas las administraciones aprobadas entre 1995 y 2020, para analizar cualitativamente cómo afecta dicha complejidad a la actividad económica. En concreto, en un primer lugar, ha estudiado el impacto negativo de la profusión regulatoria sobre el empleo, las horas de trabajo, la participación de los sectores en el PIB o la inversión. Mientras que, en una segunda parte del estudio, ha indagado sobre el impacto de este panorama regulatorio según el tipo de empresa (tamaño y antigüedad).
Las principales conclusiones indican que “una mayor complejidad normativa tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y el mismo efecto dañino sobre el valor añadido”. Los datos apuntan a lo ya demostrado en otros estudios estadounidenses del mismo tipo: que cada aumento adicional del índice de la complejidad de regulación adicional se asocia con una caída del 0,7% en la cuota de empleo en cada sector.
Además, en el análisis sectorial que hace también esta investigación, sus autores descubren que los tipos de actividad más afectados son las manufacturas, lo que, en su opinión, puede estar relacionado con la mayor inversión requerida en estos sectores.
En cuanto a los efectos según el tipo de empresa, los investigadores han utilizado la Muestra Continua de Vidas Laborales como base de datos empresariales y este estudio ha determinado también que “el impacto negativo de la complejidad de la regulación se concentra en las empresas más pequeñas y jóvenes. Así, estos economistas aseguran que un aumento del número de nuevas leyes del 10% repercute en un recorte del empleo del 0,5% en las plantillas de pymes de menos de 10 trabajadores.
Asimismo, existe una fuerte heterogeneidad entre las normas emitidas por cada comunidad autónoma, que son las más prolíficas. Entre 1995 y 2020 se aprobaron en España un total de 300.769 normas, de las que 219.903 tenían el sello autonómico. Según este análisis, las regiones de Cataluña y Andalucía son, con diferencia, las más activas en la tarea legislativa, mientras que Madrid, el País Vasco y Cantabria, son las menos reguladoras de entre las comunidades.
Pero este trabajo no es el único que pone de manifiesto los obstáculos que presenta la regulación si se convierte en excesiva. El Foro Regulación Inteligente ha elaborado un informe sobre El laste de la duplicidad normativa en España entre las distintas administraciones, destacando en la misma línea que los investigadores del Banco de España que “este fenómeno no es inocuo desde el punto de vista económico, ya que afecta directamente al empleo y al crecimiento económico”. El motivo es que cada vez son mayores los recursos empresariales asociados al cumplimiento de la legislación vigente, lo que también redunda en una mayor litigiosidad y a una ralentización en el funcionamiento de la justicia. “Las empresas deben destinar un mayor presupuesto a la gestión de los riesgos burocráticos y jurídicos, implica desviar recursos que las empresas deberían consignar al aumento de su capacidad productiva”.
Por su parte, la proliferación de normas es un caballo de batalla de la patronal CEOE desde hace años. En 2015 comenzó a publicar anualmente su informe “Producción normativa” que para 2022 concluye que los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico publicaron el pasado año 1.329.865 páginas de nuevas normas o modificaciones de las vigentes, un 22% más que en 2021 y la cifra más alta alcanzada en once años.
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