La Unión Europea (UE) promueve un nuevo modelo energético para lograr la descarbonización de la economía europea en la lucha contra el cambio climático y, a la vez, lograr una mayor independencia energética de la UE. Basado principalmente en fuentes de energía renovables, este nuevo modelo supone la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, eólicas y de generación de hidrógeno, en su mayoría ubicadas en zonas rurales poco pobladas. Son “territorios de sacrificio” en favor de las regiones más pobladas e industrializadas del país, donde se consume más energía y están las sedes de las empresas que explotan dichas instalaciones.
La UE y el Gobierno de España inciden en la necesidad de garantizar el retorno al territorio de los beneficios que generan las energías renovables, pero no han implantado medidas efectivas que compensen adecuadamente a las zonas productoras. También es necesario reforzar los controles para evitar la instalación de esas plantas en espacios con algún tipo de protección y establecer garantías económicas suficientes para asegurar la restauración de los terrenos cuando se agote técnica o económicamente su vida útil.
La compensación a los territorios generadores de energía ya se abordó en nuestro país de manera muy efectiva con la Ley 7/1981, reguladora del canon sobre la producción de la energía eléctrica, que creó un tributo propio en favor de las provincias. El Real Decreto 854/1984 que desarrolló esa ley, lo justificaba como una medida fiscal compensatoria de desequilibrios territoriales, materialización efectiva del principio de solidaridad y el equilibrio económico justo, consagrados en los artículos 2 y 138 de la Constitución. Afirmaba que “con frecuencia se encuentran disociadas las zonas de producción y las de consumo”, reconociendo que en general “las productoras vienen a ser las menos desarrolladas del país”, a las que se generan “fuertes contrapartidas negativas de muy diverso tipo”.
Pero el canon energético se suprimió en 1985 por la Ley del IVA y el nuevo sistema de financiación local creado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1988, no corrigió la enorme pérdida que la supresión del canon supuso para las diputaciones de las provincias productoras (más de tres mil millones de pesetas en el caso de Cáceres y más de mil quinientos en cada una de las provincias de la región leonesa, por ejemplo). Además, la participación de las provincias en los ingresos del Estado (PIE), principal fuente de ingresos de las Diputaciones, depende en su mayor parte del número de habitantes totales de las provincias y no de los que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que han de atender.
Para más inri, la Ley 52/2002 tomó los 3.195,60 millones de euros del canon energético para formar el montante de la PIE de diputaciones, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas (CCAA) unipersonales, distribuyendo sólo el 2,5% en función de la producción de energía eléctrica y un 70% según la población total de cada provincia. Un injustificado espolio de las provincias productoras, en genera las menos pobladas y desarrolladas industrialmente, que les resta capacidad para afrontar los enormes retos demográficos los que se enfrenta la España vaciada.
Actualmente, la única compensación directa por las plantas de generación de energía eléctrica son los impuestos municipales directos (el impuesto de construcciones y el IBI) y la renta en el caso de ubicarse en terrenos de titularidad pública. Los municipios colindantes, la provincia entera, solo reciben los perjuicios ambientales y paisajísticos.
Para tratar de corregir esta situación y lograr un verdadero retorno al territorio de los beneficios del modelo energético verde, algunas CCAA, como Aragón, han creado un nuevo impuesto, que puede acabar repercutido en los consumidores finales. Consideramos más eficiente, a nivel nacional, recuperar el canon energético en favor de las provincias. Bastaría con revertir el sistema de reparto de la participación de las provincias en los ingresos del Estado y distribuir el montante que suponía el canon energético, actualizado, en función de su producción energética, renovable, si se quiere, de cada provincia.
También debería plantearse una medida similar de retorno efectivo al territorio a nivel comunitario, por ejemplo, en un porcentaje del IVA que grave la energía eléctrica. Esta vía ha sido abierta por una pequeña asociación, León propone, mediante una petición al Parlamento Europeo: Petición n.º 0660/2023, sobre el despliegue de instalaciones de energías renovables en la UE.
Esta petición sigue abierta a adhesiones y la asociación trata de recabar apoyos individuales e institucionales a la misma. De momento ha sido respaldo de la Federación Española de Comunidades de Regantes, pues otra medida que proponen es la reserva de espacio en las redes de distribución para las comunidades de regantes, y de las diputaciones de Cáceres y León, por unanimidad de todos los grupos políticos. Veremos el recorrido que tiene…
