Este jueves a las 13:00 horas se cumplió el plazo dado por el Ministerio para que las comunidades mostrarán su adhesión al Plan Integral frente al Tabaquismo y la respuesta ha sido la previsible: las comunidades han dicho no. Apenas aquellas gobernadas por PSOE, además de Cataluña y Canarias se han mostrado partidarias de dar su voto a favor a la propuesta del departamento de Mónica García; el resto especialmente las gobernadas por el Partido Popular han reiterado las mismas dudas que han mantenido a lo largo de las últimas semanas, y que la reunión de la Comisión de Salud Pública del pasado miércoles no pudo solventar: Ni se aclara la cuestión de la memoria económica que debe acompañar al plan, especialmente en cuestiones tan delicadas como la ampliación en la accesibilidad a los tratamientos farmacológicos antitabaco y la ausencia de un respaldo a determinados puntos de la regulación que se siguen manteniendo en un espacio, cuanto menos dudoso.
Ante esta situación, el Plan Integral ha desplazado al resto de asuntos como punto estrella del pleno del Consejo Interterritorial que se celebra este viernes, se espera la ‘deserción’ de la gran mayoría de comunidades, queda la duda de qué va a hacer el Ministerio. El departamento de Mónica García no ha descolgado el asunto del orden del día y por tanto se presentará el documento elaborado por la Comisión de Salud Pública para su ratificación por el pleno. A partir de ahí las opciones pivotan entre seguir adelante por la vía unilateral y el rechazo de las CC.AA. o bien, dar marcha atrás y tomarse más tiempo para el análisis, que es lo que han pedido varios territorios gobernados por el PP.
Por las declaraciones previas, tanto de la propia ministra de Sanidad, Mónica García, como del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, más explícito incluso al señalar que “el Ministerio no va a renunciar a su responsabilidad de legislar en esta materia”, lo que cabe prever, es la creación de otro nuevo foco de tensión en un entorno político nacional saturado ya de confrontaciones políticas.
De hecho, Padilla, en redes sociales a mitad de camino entre la defensa del plan y el ataque meramente político, publicaba una imagen del expresidente Rajoy en una revista sobre tabaco con el siguiente texto: “Os cuento un poco el listado de excusas para no apoyar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (que va a seguir adelante aunque el PP no apoye)”.
El Plan va a tener reflejo en una ley que ya está elaborando el Gobierno de España y por tanto su desarrollo finalmente o bien se hace a partir de la ratificación que plantea el Ministerio, o bien, con más tiempo de tramitación, se acabará viendo reflejado en una ley de obligado cumplimiento.
Algo de eso han venido a decir varios líderes de comunidades gobernadas por el PP. Es el caso, por ejemplo de Cantabria, cuya presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que fue también consejera de sanidad, asegura que, aunque la comunidad está en contra, “lo acatará”, porque no es intención de su Gobierno “actuar en rebeldía”.
Las demás comunidades con Gobiernos populares han reiterado también sus posturas contrarias. La cuestión, como explicaba Extremadura no está tanto en que exista un plan antitabaco mejorado y ampliado, como que “se haga deprisa y corriendo y con una modificación constante de documentos”. En ese sentido, además de que la ampliación de financiación de los tratamientos farmacológicos y otras cuestiones propias de una memoria económica que el plan aún no tiene (y por tanto les tocaría hacer frente a ese gasto extra; máxime en un año de congelación presupuestaria nacional), los consejeros del PP achacan “una falta de rigor” a las formas con las que se ha llevado a cabo la medida.
