El Real Decreto aprobado actualiza la cuantía máxima de los servicios de estos profesionales, con un incremento del 35% sobre la que estaba vigente desde 2003.
El límite máximo se establece ahora en 75.000 euros, por debajo del cual el precio es libre, favoreciendo así la libre competencia.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los profesionales de la procura, que determina el precio de los servicios de este colectivo.
La nueva norma establece un incremento del 35% sobre las cuantías máximas del precio de esos servicios, que no podrán superar los 75.000 euros. Por debajo de esa cuantía el precio es libre, de modo que se favorece la competencia, lo que también redunda en la garantía de los derechos de los clientes, especialmente en lo referente al acceso a la justicia y el derecho de defensa.
El nuevo Real Decreto adapta la normativa que afecta a los precios de los profesionales de la procura a la situación actual, sustituyendo el RD 1373/2003, vigente desde hacía 20 años. Además, armoniza el ordenamiento jurídico español con la normativa europea.
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