Rodrigo Jimenez (EFE)
Los desafíos económicos y la búsqueda de sistemas que puedan regularlos no hacen distinciones en cuanto a sus víctimas, y los florecientes clubes de fútbol en Inglaterra no se han podido escapar. ¿Los españoles tampoco lo harán?
En los últimos tiempos -dentro del deporte y, en especial, dentro de los clubes de fútbol- se han vivido conflictos relacionados con la inestabilidad financiera y la desigualdad en la distribución de ingresos, hecho que ha llevado al parlamento británico ha aprobar el Football Governance Bill.
De esta nueva regulación que afecta al fútbol en Inglaterra se destaca, entre otras novedades, la incorporación de una nueva figura: el IFR (siglas en inglés de regulador independiente del fútbol).
Este regulador, como su propio nombre indica, será autónomo, tanto del Gobierno como de las autoridades propias del fútbol, y tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad financiera de los clubes, pudiendo, inclusive, sancionarlos con multas (para lo que dispondrá de amplios poderes).
Asimismo, esta figura alberga una voluntad de salvaguarda del fútbol inglés y su patrimonio. Por ello, su actuación abarcará desde las categorías inferiores, National League, hasta las más altas, la Premier League, pasando por la English Football League (EFL).
Como otras novedades de esta regulación, el Football Governance Bill implementará un sistema de licencias distinto al actual, con vocación de regular la propiedad, es decir, mayor participación de los aficionados en las decisiones del club, aumentando, de esta forma, la transparencia de los mismos, así como la obligación del cumplimiento de ciertas condiciones financieras para mantener dichas licencias.
En cuanto a la gobernanza de los clubes, se endurecerán las pruebas de idoneidad en cuanto a competencia y confiabilidad para quienes ostenten determinados cargos.
Bien, hecho un pequeño repaso de las mayores novedades y objetivos de la reforma inglesa, podemos concluir que las medidas aprobadas se desmarcan del principio de autonomía corporativa tradicional en el derecho comercial inglés, es decir, se ha optado por el control público para mitigar problemas de corrupción entre otros desajustes e irregularidades.
Sin embargo, desde mi punto de vista, me cuestiono si es la mejor forma de alcanzar el deseado objetivo. Sin duda alguna, la eliminación de cualquier práctica indeseable es compartida, pero el deporte, en general y el fútbol español, en particular, aún sin ser perfectos, han demostrado que es posible llegar a un equilibrio en muchos de los aspectos puestos sobre la mesa con un modelo menos invasivo o intervencionista.
El deporte rey en España ha procurado regulaciones financieras proactivas, así la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) tiene su propia regulación de fair play financiero, que comporta limitaciones de costes a los clubes y a la masa salarial que se autoregula a fin de conseguir una estabilidad en todas las entidades o clubes y evitar de esta forma que en ningún caso deba inyectarse ayudas gubernamentales externas.
Otro ejemplo en el fútbol español en que observamos una fórmula menos invasiva, es que este puede presumir ante el mundo de clubes que son de propiedad participativa, como por ejemplo en F.C. Barcelona, altamente reconocido por la participación y peso de los socios que con sus votos deciden el rumbo de la entidad deportiva. Del mismo modo sucede con el Real Madrid, que obtiene así una gestión participativa que deriva en el cumplimiento de la anhelada transparencia.
Esta fórmula de propiedad, donde el socio es parte importantísima, crea un enraizamiento cultural que se extiende como una telaraña entre los aficionados que une comunidades sin hacer distinciones entre sus miembros y brinda un control natural en la gestión de los clubes. Es decir, la sociedad –aficionados y socios- pone los límites a los dirigentes de la entidad marcando el paso al que deben ir.
Por todo ello y, habiendo hecho una rápida comparativa entre los distintos sistemas, el elegido por el fútbol inglés y el elegido por el fútbol español, ambos con un objetivo común y paralelo, podemos concluir que si bien ambos pueden resultar eficaces, el previsto por el Football Governance Bill deberá estar atento a los antecedentes históricos que demuestran que un mayor control público no necesariamente tiene como resultado la disminución de las conductas inadecuadas, sino que la experiencia ya nos ha mostrado en muchas ocasiones que únicamente sirve para agudizar el ingenio y desplaza los problemas. Mientras tanto, el sistema español, con su equilibrio de fuerzas y mezcla de controles, consigue la autoregulación y autonomía de un modo menos intervencionista.
Pero, sin duda, no puede dejar de entenderse que la toma de decisión del sistema a implementar en cada uno de los países debe ponerse siempre en contexto con la tradición legal, con la cultura y prácticas locales y, únicamente de esta forma se podrá implantar de forma efectiva.
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