El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica esta semana el texto de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada y que en estos días viaja camino del Senado para su trámite en la Cámara Alta. Los imprevisibles tiempos de la política han querido que sólo unos días antes de que concluya mi segundo y último mandato en la presidenta de la Abogacía Española se alcanzase este hito parlamentario por el que la profesión lleva muchos años trabajando.
Tanto por su recorrido como por su contenido, la aprobación de la que debe ser necesariamente la referencia normativa de la abogacía me sirve como hilo conductor para la narración de lo que han sido ocho años al frente de una institución medular en la vida de la sociedad española. Ocho años de consolidación de derechos ciudadanos, buena parte de los cuales precisan de la intermediación de los profesionales de la abogacía. Ocho años de dificultades, pero también de reforzamiento del rol del abogado como elemento esencial en la administración de la justicia.
Hace más de ocho años, quienes estábamos al frente de las instituciones representativas de la abogacía (sucedí en la presidencia a mi querido Carlos Carnicer tras un lustro como secretaria general) nos propusimos la necesidad de plasmar en una ley las garantías legales que consolidasen los principios contenidos en la Constitución, reforzando así el derecho a la tutela judicial efectiva que, siendo un derecho de la persona, precisa de la mediación del profesional de la abogacía para hacerse realidad.
Hace más de ocho años que comenzamos a reclamar esta ley, no únicamente como objetivo singular para el establecimiento como derecho positivo, sino como hoja de ruta para el futuro trabajo del legislador y de las instituciones que ostentan la representación de los profesionales.
Durante todo este siglo (mejor durante lo que llevamos de siglo XXI), todo el esfuerzo desarrollado desde los consejos, colegios, asociaciones y por innumerables miembros individuales de la profesión ha tenido como principal objetivo proseguir el firme y constante avance en la consolidación de derechos ciudadanos. Bien a través de reivindicaciones y de la interlocución con las distintas administraciones, bien a través del trabajo legal ante los tribunales, la abogacía ha conquistado nuevos derechos que han supuesto un beneficio tangible para cientos de miles de personas concretas y para el país en su conjunto. La sociedad española hoy tiene más derechos y los reclama con mayores garantías y eso es posible en buena medida gracias al empuje de nuestra profesión.
No tendría mucho sentido que dedicase el siempre limitado espacio de una tribuna a realizar un balance pormenorizado de lo acontecido en el ámbito de la Justicia y de lo protagonizado por la Abogacía Española durante este periodo.
Quienes me tienen en su memoria por una consejera fiel y fiable coincidirán en reconocer los avances conseguidos en periodos de especial dificultad, pandemia y crisis bélicas de por medio.
Comienzo este nuevo periodo conocedora de lo recorrido e igualmente consciente de lo que queda por recorrer”
Lógicamente, entre las preocupaciones de quienes ejercemos en el mundo del Derecho no están los problemas superados ni los avances conseguidos, sino los que todavía nos quedan por vencer y las cotas de calidad por alcanzar. Tener una hoja de ruta clara con cimientos sólidos no supone garantía de nada, pero al menos puede y debe ser una base consistente sobre la que continuar avanzando.
Necesariamente nostálgica en la despedida, el fin de una etapa es principalmente el comienzo de la siguiente. Comienzo este nuevo periodo conocedora de lo recorrido e igualmente consciente de lo que queda por recorrer. Como otros 148.000 compañeros y compañeras, estoy dispuesta a seguir contribuyendo desde mi despacho y desde las aulas.
Lo conseguido fue fruto del esfuerzo de todos y lo que hagamos en el futuro será también consecuencia de la suma de innumerables contribuciones individuales de compañeros y compañeras.
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