El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado el presupuesto del año 2025 este jueves: 11.418.917 euros, lo que supone un 3,3% menos que lo presupuestado para el ejercicio que ahora toca a su fin. La institución que representa a los más de 241.000 abogados censados en España ha hecho un esfuerzo por mantener en 40,63 euros anuales la cuota de los colegiados, la misma desde 2023 y todavía muy por debajo de los 45,20 euros que estaba vigente en el año 2014.
El presidente, Salvador González, ha explicado al pleno que las nuevas cuentas anuales permitirán reenfocar la acción del Consejo manteniendo las inversiones en tecnología y potenciando el gasto en formación e investigación, en comunicación y presencia institucional y en el trabajo de defensa de los intereses de los profesionales.
“El Consejo General debe seguir proporcionando servicios de la máxima calidad a nuestros colegiados, y al mismo tiempo debe ganar capacidad para influir en los ámbitos donde se toman las grandes decisiones. El presupuesto de 2025 hace compatibles ambos objetivos y nos ayudará a ser más eficaces en la consecución de nuestras metas”, ha resumido el presidente de la Abogacía Española en su intervención durante el pleno.
Abogacía en la nube
Por los que se refiere a los proyectos tecnológicos, el 2025 será el año en que se completará la transición al sistema de firma electrónica de la Abogacía en la nube ACA Plus. Asimismo, continuará el desarrollo del expediente electrónico de la abogacía y muy especialmente su módulo deontológico. El 36% del presupuesto del CGAE, subraya la institución en un comunicado, se destina ya a inversiones y mantenimiento de los servicios tecnológicos que se prestan a los colegios y a los colegiados.
Junto a la tecnología, también se quieren potenciar las áreas de formación e investigación, al tiempo que se ofrece un impulso a la presencia de la Abogacía Española en los foros internacionales. El mes pasado, una delegación encabezada por el presidente, Salvador González, y el presidente de su comisión de previsión social, Ignacio Gally, viajó hasta Bruselas para pedir en la sede del Parlamento Europeo que inste al Gobierno de España a ofrecer una solución para todos los mutualistas.
En línea con el programa de la nueva presidencia de González, que asumió el mandato el pasado mes de julio, las cuentas anuales del Consejo también reflejan una apuesta por incrementar la comunicación con los colegiados y avanzar en transparencia. “Hacemos muchas cosas en el Consejo y nuestros compañeros tienen que tener cumplida información de lo que hacemos. Nuestra acción debe ser transparente y por eso vamos a seguir esforzándonos en trasladar la información que tenemos y lo que hacemos para defender sus intereses”, ha subrayado Salvador González.
