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La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aseguró que uno de los mayores retos del tribunal de paz en el Caso 07, es lograr un balance entre la verdad, la reparación y la celeridad, sin que se vulneren los derechos de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes.
Este caso, investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Si bien el tribunal trabaja para alcanzar avances significativos en los procesos, Rueda destacó que, a pesar de las expectativas sobre la celeridad del caso, la complejidad de las violencias y la sensibilidad de los hechos obligan a un enfoque detallado y cuidadoso.
La magistrada indicó que “estamos trabajando sobre eso. Es un desafío que tenemos cada día y lo que sabemos es que no podemos sacrificar ni los derechos de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes“.
Además, el caso se ha convertido n uno de los más relevantes de la JEP, al ser el único que aborda específicamente las violencias cometidas contra niños y niñas durante el conflicto armado. Recientemente, la Sala de Reconocimiento de la JEP escuchó durante tres días en el departamento del Meta a 61 víctimas acreditadas en este caso, quienes relataron los horrores vividos a manos de la extinta guerrilla.
Hasta el momento, más de 9.800 víctimas han sido acreditadas en este subcaso, que involucra tanto a víctimas individuales como colectivas, entre las que se encuentran comunidades indígenas como los pueblos Hitnü y Sikuani.
Los resultados también han arrojado que de las víctimas acreditadas, 47% de los hechos de reclutamiento están asociados al Bloque Oriental de las FARC-EP, seguido por el Bloque Sur con 23%.
