La profesión legal tiene un gran impacto social y económico, pero hasta el momento no se tenían cifras. La International Bar Association (IBA) -la mayor asociación mundial del sector legal, con más de 80.000 juristas y más de 190 colegios de abogados de 175 países- estima que el aumento en un punto en el Índice del Estado de Derecho incrementa un 0,82% el PIB, tal y como se recoge en el primer estudio global que cuantifica los efectos sociales y económicos de la profesión legal, el Informe de Impacto, que ha sido presentado esta misma mañana a los medios de comunicación españoles por Almudena Arpón de Mendívil, la primera mujer presidenta de la IBA en los últimos 20 años.
El informe, elaborado con la aportación de la consultora McKinsey en la recopilación y análisis de datos, constata que un Estado de Derecho sólido, apoyado por una fuerte profesión legal, contribuye al crecimiento económico y al bienestar social. Sin embargo, durante el año pasado, y por sexto ejercicio consecutivo, el Estado de Derecho decayó en el 59% de los 142 países analizados.
Este retroceso es especialmente preocupante teniendo en cuenta que un Estado de Derecho consolidado ayuda a los países a captar más inversiones, ser más innovadores y productivos, así como a reducir la desigualdad hasta en un 5% a escala mundial. En concreto, del Informe se desprende que los niveles de innovación son más altos en los países que se encuentran en el tramo superior del Índice del Estado de Derecho, de modo que si hubiera una mejora global a los niveles de los países en el tramo más alto podría desbloquear 83 billones de dólares de inversión en I+D.
El Estado de Derecho también tiene su reflejo en el mercado laboral: puede evitar el empleo irregular de 34 millones de personas a nivel mundial o disminuir en 34 millones los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.
Sostenibilidad
Otra de las conclusiones del estudio es que el impacto social de la profesión legal es estratégico para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El informe indica que mejorar la defensa del Estado de Derecho también puede ayudar a aumentar la esperanza de vida en 13 años, disminuir la mortalidad de mujeres relacionada con la maternidad en 350.000 personas, aminorar en 520 millones el número de personas que sufren malnutrición, incrementar un 30% el número de niñas que terminan la educación secundaria, reducir un 53% la contaminación del aire o avanzar en los planes de igualdad e inclusión, tanto de género como mediante una mayor protección de las minorías, incluidas las comunidades LGBTQI+.
La IBA defiende que la profesión legal contribuye significativamente al buen funcionamiento de la sociedad: las relaciones entre los ciudadanos, de los ciudadanos con empresas y administración, las relaciones de negocios y las cada vez más importantes relaciones internacionales, requieren de la intervención de profesionales del derecho.
Según Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la IBA y socia del despacho Gómez Acebo & Pombo, “este estudio marca un hito al demostrar, por primera vez, la verdadera contribución de la profesión legal a través de su sostenimiento del Estado de Derecho. El estudio revela cómo los sistemas legales efectivos, apoyados por una profesión legal sólida e independiente, pueden contribuir al crecimiento económico, promoviendo la innovación y la educación y luchando contra la desigualdad. Sin embargo, el Estado de Derecho sufre constantes amenazas en muchas partes del mundo, incluyendo erosiones sutiles en países con gobiernos democráticos”.
La presidenta de la IBA asegura que “nuestra profesión debería intensificar su actividad para formar sobre la importancia del Estado de Derecho, concienciar sobre su relevancia y los altísimos beneficios que conlleva. Nuestra profesión tiene un impacto económico directo en el PIB mundial de más de 1.6 trillones de dólares anuales: deberíamos acometer el esfuerzo de igualar el impacto económico con el impacto social, con una mayor ambición de mejorar el acceso a nuestros servicios legales, defender públicamente los temas de importancia social, reforzar la educación sobre las cuestiones legales relevantes para la población y sobre el Estado de Derecho, y, por último, promover los mejores estándares éticos en nuestras actuaciones profesionales”.
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