Contra todo pronstico, el Congreso de los Diputados convalid el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, el pasado mircoles 10 de enero. A ltima hora, 172 votos a favor frente a 171, con mucha sorpresa y no sin cierta estupefaccin para quienes daban (dbamos) por fracasada la iniciativa extraordinaria del Ejecutivo.
Decreto-ley mnibus (modalidad ya no tan novedosa en la accin de gobierno de las ltimas legislaturas), el Decreto-ley 6/2023 deroga la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin en la Administracin de Justicia, y brinda un nuevo marco para la asuncin del hecho tecnolgico por los juzgados y tribunales de nuestro pas.
Derechos y deberes digitales en el mbito de la Administracin de Justicia, Carpeta Justicia, tramitacin electrnica, orientacin al dato, etc. Las apuestas del Gobierno por la Eficiencia Digital son muchas y ofrecen un escenario novedoso, atractivo, pero, tambin, complejo y pantanoso.
Lejos de lo que cualquiera pueda pensar, la distribucin competencial en Justicia, tanto a nivel territorial (Ministerio de Justicia, Comunidades Autnomas) como institucional (CGPJ, Ministerio, Fiscala) convierte la aplicacin efectiva del Decreto-ley 6/2023 en un laberinto de decisiones y cogobernanza permanente que hoy, con un escenario poltico tensionado y polarizado, estrecha sus mrgenes y acorrala las opciones de consenso. Y esto, de producirse, comportar el fracaso de las medidas impulsadas en el proyecto de Eficiencia Digital. Conviene advertirlo, sobre todo para quienes no conocen cmo funcionan las antesalas de la Justicia espaola.
El Comit tcnico estatal de la Administracin judicial electrnica est llamado a jugar un papel fundamental, crtico y decisivo en el despliegue de las nuevas herramientas. CGPJ, Ministerio de Justicia, Fiscala y Comunidades Autnomas tendrn que sentarse y allegar posturas, cerrar acuerdos, cumplir con la letra del Decreto-ley. Y para ello ser imprescindible que, a diferencia de lo que ha ocurrido tantas veces en el pasado, los intereses partidistas, polticos o corporativos de cada cual queden a un lado, fuera del espacio de debate y decisin. Si no es as, si la Justicia tambin es un botn poltico en su cobertura digital, la modernizacin tecnolgica quedar reducida a la bondad de una prosa normativa incumplida.
Convalidado el Decreto-ley 6/2023 queda pendiente lo ms difcil: hacerlo efectivo. Y no va a ser sencillo. Har falta generosidad, aproximacin de posturas, fijacin de objetivos comunes y colaboracin institucional. Justo lo que ha faltado mucho tiempo. Los hechos (pasados) producen vrtigo. Pero los hechos (pasados) no condicionan el futuro.
Poltica y Administracin de altura para una Justicia Digital recin nacida.
* lvaro Perea Gonzlez, letrado de la Administracin de Justicia.
