La normativa se considera incorporar el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para la promoción de la convivencia.
La Comisión de Educación inició la discusión del mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos.
El texto busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales (Boletín N° 16901).
La iniciativa fija un marco normativo sobre convivencia, otorgando un enfoque formativo integral, fortaleciendo la coherencia del sistema.
De acuerdo a datos del año 2023, un 72,1 % de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación (SIE) son por situaciones de convivencia. Señaló que hubo un aumento de un 34% en las denuncias por discriminación, las que representan el 70,9% del total de denuncias.
Al respecto, la diputada y presidenta de la instancia, Emilia Schneider (CS) sostuvo que si bien las sanciones son parte del proceso educativo, eso no basta. Precisó que se debe establecer un enfoque formativo y fortalecer tanto la Superintendencia de Educación, como la convivencia educativa de parte de los establecimientos.
Stephan Schubert (IND) dijo que es muy preocupante que los recintos educacionales dejen de ser lugares seguros. Consultó sobre la participación de la comunidad para establecer la convivencia y sobre si existe financiamiento especial para su ejecución.
Por su parte, Daniela Serrano (PC) sostuvo que la convivencia escolar debe entenderse dentro de la comunidad educativa y no parcelarse. Juan Santana (PS) señaló que uno de los puntos más críticos son los climas que se generan al interior de los establecimientos, los cuales merman la relación entre estudiantes y profesores, quienes a su vez se sienten afectados por la conducta de padres, madres y apoderados.
En tanto, Helia Molina (PPD), resaltó la legislación en esta área y planteó sus dudas sobre cómo se desarrollará la intersectorialidad que se plantea. Señaló que se debe aclarar si habrá un comité, por ejemplo, para canalizar los problemas de salud mental.
El texto en trámite considera diversas propuestas sobre convivencia educativa y recomendaciones técnicas de los Consejos asesores.
Entre los componentes de la norma se considera incorporar el deber del Estado de adoptar medidas para la promoción de la convivencia educativa y el buen trato, resguardando que niños, niñas y estudiantes se eduquen en espacios libres de violencia, acoso y discriminación.
Igualmente, se busca propender al desarrollo de medidas para el resguardo de todos los integrantes de la comunidad, especialmente de profesores y asistentes.
En este ámbito, plantea consagrar la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE), como una política permanente del ministerio de Educación, que establezca el marco general para el sistema, otorgando lineamientos y orientaciones a la educación parvularia y escolar.
Además se crea un Observatorio de la Convivencia en la Agencia de la Calidad, para fines de sistematización y análisis de las distintas fuentes de información nacional sobre convivencia. A ello se agrega la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Convivencia Educativa.
Entre otros aspectos la iniciativa propone también un nuevo estándar para la gestión de la convivencia en los establecimientos. Al respecto releva el rol de coordinación y los instrumentos de gestión.
