La Comisión de Educación, y la Comisión de Hacienda serán las instancias que deberán analizar el proyecto de ley sobre convivencia educativa.
El proyecto, que responde a un mensaje y a sendas mociones refundidas de diputadas y diputados, busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales.
El texto, que responde a un mensaje y a sendas mociones refundidas, busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.
El proyecto que ingresó modifica la Política Nacional de Convivencia Educativa que definirá lineamientos, orientaciones y un conjunto de acciones para la promoción de una buena convivencia educativa, la prevención y erradicación de toda forma de violencia, acoso y discriminación en todo el sistema educativo y su implementación se realizará a través del Plan Nacional de Acción Nacional de Convivencia Educativa.
Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa, cuyo objetivo será la implementación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa.
Entre los antecedentes del texto, se reconoce que el Ejecutivo se hizo cargo de las ideas matrices comprendidas en las mociones (2) presentadas con anterioridad y que se refunden, ingresando un nuevo proyecto de ley donde “reconoce las iniciativas parlamentarias que han tratado diferentes ejes de la convivencia y las recoge desde un enfoque sistémico e integral”.
Considera, además, la ley N°20.370 (Ley General de Educación) que reguló a los integrantes de las comunidades y sus derechos y deberes; la ley N°20.845 (Ley de Inclusión Escolar) que consagró, como principio general del sistema educativo, la integración e inclusión de todos los estudiantes, sin importar sus condiciones; y la ley N°20.536 (Sobre Violencia Escolar) que reguló el “acoso escolar”, reforzando el rol garante de los establecimientos sobre los derechos de niñas, niños y estudiantes.
Asimismo, se precisa la evidencia sobre el aumento en los últimos años de la cantidad, complejidad y gravedad de los conflictos de convivencia entre estudiantes, pero también contra profesores y asistentes de la educación que afectan, principalmente, a estudiantes y trabajadores de la educación.
Entre los artículos propuestos, se establece que “Los sostenedores asegurarán las condiciones para que, en los establecimientos educacionales de su dependencia, a través de sus directores, se promueva la participación de todas las personas de la comunidad educativa, especialmente, por la vía de facilitar los medios físicos o tecnológicos que tengan a disposición, para la conformación del Centro de Alumnas y Alumnos o de Estudiantes, del Centro de Padres y Apoderados, del Consejo de Profesores, del Consejo Escolar y, en los casos que determina la ley, del Consejo de Educación Parvularia, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de párvulos y estudiantes.
En cada establecimiento educacional deberá existir un Consejo Escolar, que tendrá el objetivo de estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato.
Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa, cuyo objetivo será la implementación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa del establecimiento y las demás materias relacionadas que determine el equipo directivo.
