Diputados chilenos respaldan informe sobre osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada.
La comisión investigadora tuvo un foco mayor en el accionar del Servicio Médico Legal y del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Entre las conclusiones se acusan negligencias y falta de documentación conductora en el traslado de las osamentas.
“No hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los DDHH en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación”.
El informe, rendido por quien fuera la presidenta del grupo, diputada Lorena Pizarro (PC), valora que el Ministerio de Justicia ordenara una revisión especial, a cargo de su Unidad de Auditoría, al Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal (SML), en particular, respecto de las 89 cajas que en 2019 la Universidad de Chile le entregó por orden judicial.
Se considera adecuado que se realice una investigación administrativa, a cargo de un fiscal externo. Ella indagaría sobre los hechos ocurridos en la Unidad de Derechos Humanos del SML. Junto a ello, se aspira a encargar un sumario que busque responsabilidades. Así, se espera identificar y sancionar a quienes, por décadas, mantuvieron sin periciar muestras óseas que podrían pertenecer a VDF.
Falta de documentación de las osamentas: no fue posible determinar por qué el traslado de evidencias no contó, en todos los casos, con la necesaria documentación conductora.
Se destaca, asimismo, la acción de las autoridades del Ministerio de Justicia de la presente administración.
La conclusión de las evidencias existentes permitió que se ponga a disposición de los ministros en visita para casos de DDHH la información, para que estos determinen las pericias correspondientes sobre estas osamentas sin identificar.
Por otra parte, se estima “incomprensible que el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile haya confundido las cajas que mantenía en custodia por orden judicial con algunas cajas con elementos de su propiedad destinados al estudio de materias que le competen”.
También se considera que el Plan Nacional de Búsqueda podrá impulsar la concreción de pericias necesarias en esta materia. De tal forma, se espera que, de una vez por todas, se determine si las evidencias existentes tienen relación con VDF de la dictadura.
La CEI 24 recomienda al Ministerio de Justicia que realice una permanente fiscalización del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Se espera que, efectivamente, impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales VDF.
Igualmente, se propone que se disponga de recursos para identificar fragmentos y restos óseos que estén en cualquier dependencia pública o privada.
En paralelo, se plantea que el Gobierno entregue informes cuatrimestrales a la Comisión de DDHH de la Cámara.
Asimismo, se solicita que dicho servicio comunique los resultados de la investigación administrativa y los eventuales responsables de los hechos ocurridos. De igual modo, que de cuenta de las medidas adoptadas para evitar que se vuelvan a repetir hechos como los detectados.
