El marco normativo para personas con discapacidad auditiva será abordado por la Comisión de Adulto Mayor del Senado.
Los pacientes aseguran que los audífonos e implantes cocleares que entrega el Minsal, son insuficientes para cubrir la demanda de los 4 millones de chilenos que han visto afectados este órgano de los sentidos.
En condiciones de ser visto por los integrantes de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad, quedó el proyecto que establece un marco normativo para personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia, microtia; y asegura su prevención, rehabilitación, inclusión social y acceso igualitario a la atención de salud.
Los legisladores de la instancia de Salud recordaron que en marzo pasado aprobaron la idea de legislar y dado que no se presentaron indicaciones, se optó ahora derivar el texto a la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad.
El texto busca establecer un marco que asegure la prevención, rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia, microtia u otra condición similar.
En términos generales, se determina la obligación del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para esta población promoviendo el acceso a la detección y atención temprana de estas enfermedades, desde la primera edad. Esto incluye la autonomía lingüística, para lo cual se deberán facilitar los medios necesarios para una existencia autónoma en lo personal, familiar y social.
A su vez, el proyecto asegura la provisión de insumos para el aprendizaje de la lengua de señas chilena. Esto estará enfocado, principalmente, en las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva. La medida irá junto a la provisión de los tratamientos médicos y fonoaudiológicos que sean pertinentes.
De igual modo, se garantiza la asistencia médica de carácter interdisciplinario para desarrollar al máximo las capacidades de esta población. Para esto, el Estado propenderá a otorgar todos los medios y apoyos tecnológicos, de salud y educativos necesarios, en forma oportuna y gratuita.
Finalmente, el texto plantea que los recintos que prestan servicios de atención al público deberán contar con sistemas adaptados para las personas con discapacidad auditiva. Lo mismo para los prestadores de salud, con el fin de garantizar su autonomía personal durante su atención de salud.
Desde el Minsal, se aseguró que existe una Política Nacional de Salud Auditiva preventiva desde el nacimiento por medio de vacunación que permite combatir diversas enfermedades que generan enfermedades auditivas tales como la rubiola. Desde el 2015, la hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro está dentro de la canasta GES que contempla la entrega de audífonos e implantes cocleares.
También se mencionó el screening auditivo a los recién nacidos desde el 2020. Al respecto, se admitió que en los 64 hospitales del país que tienen obstetricia, un 94% realiza tamizaje auditivo. Asimismo, se hizo ver el trabajo que realiza la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que apoya el desarrollo del lenguaje de los niños que pasa por la audición.
