La Comisión Mixta inicia su trabajo y adopta primeras definiciones respecto de la Ley Antiterrorista.
La instancia recibió a las autoridades del Ejecutivo, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública para conocer sus opiniones sobre los puntos en controversia.
Con un nutrido intercambio de opiniones entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, inició su trabajo la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre el proyecto que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley vigente en esta materia.
Tras constituirse, la instancia presidida por el senador Iván Flores, recibió al Subsecretario del Interior, Luis Cordero; al ministro de Justicia, Jaime Gajardo; al Fiscal Nacional Ángel Valencia y al Defensor Nacional (s) Osvaldo Pizarro, quienes se refirieron a los aspectos centrales sobre los que hay divergencias en dos sesiones consecutivas.
Si bien son dos los puntos que se enviaron a la Comisión Mixta – la norma sobre interceptación telefónica o de comunicaciones y aquella que permite el cambio de jurisdicción en los casos de juicios por delitos terroristas- ha sido el tema de la interceptación de las comunicaciones el que ha concentrado el mayor debate.
Ello, porque hay quienes sostienen que la tecnología denominada Imci Catcher permitía interceptar metadatos en un amplio rango de superficie -lo que se estima es una medida intrusiva- pues no solo intercepta el teléfono del investigados, sino que de todos los que se encuentran a su alrededor. En el debate se señaló que existen precisiones que permiten establecer claramente qué se hará con la información residual, en cuanto a su eliminación, aun cuando es posible precisar más.
Con todo, aún existen diferencias en torno a la materia, las que se esperan resolver la próxima semana en una nueva sesión de la instancia.
Respecto del cambio de jurisdicción, que es el otro aspecto pendiente, el Ejecutivo manifestó su opinión respecto de que esta materia sea tratada en el proyecto sobre Fiscalía Supraterrirtorial.
Además, hubo un tercer aspecto, que no estaba considerado originalmente entre las divergencias pero que se incluyó en el análisis pues se habían quedado fuera de la norma dos disposiciones relativas al cumplimiento de los 2/3 de las penas para acceder al beneficio de libertad provisional. Ello fue aprobado en la última sesión.
