El Presidente de la República debería implementar una serie de medidas tendientes a disminuir las brechas de género en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y en las políticas educacionales.
La Sala aprobó un proyecto de acuerdo en el que solicita al Presidente de la República establecer mecanismos tendientes a nivelar las brechas en materia de inclusión de personas con discapacidad.
De manera unánime la Sala del Senado le solicitó al Presidente de la República que implemente una serie de medidas tendientes a disminuir las brechas de género en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y en las políticas educacionales dirigidas a ese grupo de la población.
En lo fundamental solicitan que se creen mecanismos que promuevan nivelar brechas de género para alcanzar paridad en la contratación de personas con discapacidad, en el marco de las Leyes de inclusión; N° 21.015 y N° 21.275.
Ley 21.015
La Ley de Inclusión Laboral 21.015 empuja a las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores, a que tengan, al menos, el 1% de Personas en situación de discapacidad (PeSD) y/o pensión de invalidez contratadas.
En caso de no poder cumplir, existen dos medidas alternativas:
1) Donación: Donar 24 sueldos mínimos por cada persona no incluida a una fundación que esté en el registro de donatarios.
2) Subcontratación: Debe ser el mismo monto de la donación, a diferencia que de esta manera recibirás servicios que tu organización necesita.
Ley 21.275
La ley 21.275 establece que, al menos uno de los trabajadores que vea Gestión de Personas dentro de las empresas. Este deberá capacitarse en accesibilidad, reclutamiento inclusivo, beneficios sociales, normativa vigente, para luego certificarse.
Este Gestor deberá realizar y subir a la Dirección del Trabajo:
1) Un Plan de Capacitaciones del año cursante y del próximo.
2) Generar una Política de Inclusión dentro de la organización.
Asimismo, se plantea el fortalecimiento de políticas educacionales con perspectiva de género, que permitan disminuir brechas en materia de educación y que las personas con discapacidad tengan la preparación adecuada con estudios técnicos y/o superiores y puedan insertarse al mundo laboral.
Además, la Sala solicitó el fortalecimiento del Servicio Nacional de la Discapacidad y de las Oficinas de Intermediación Laboral, OMIL, dependientes del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, para que puedan proveer servicios de intermediación laboral gratuitos en todo el país, a organizaciones público – privados y a estas a su vez, se les pueda exigir que realicen este proceso para asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones.
Finalmente, se solicita la creación de mecanismos que promuevan la descentralización en la contratación de personas con discapacidad, en el marco de las Leyes de inclusión; N° 21.015 y N° 21.275.
Estas peticiones están contenidas en el proyecto de acuerdo aprobado por la Sala y que fue presentado por los senadores Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Pedro Araya, Karim Bianchi, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, José Miguel Durana, Luz Ebensperger, Rojo Edwards, Iván Flores, Sergio Gahona, María José Gatica, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Juan Ignacio Latorre, Iván Moreira, Daniel Núñez, Paulina Núñez, Ximena Órdenes, Manuel José Ossandón, Claudia Pascual, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Gastón Saavedra, David Sandoval, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe, Esteban Velásquez y Matías Walker.
