La Cámara de Diputados solicitó al Gobierno tomar las medidas necesarias para evitar los cortes de suministro a personas mayores, por deudas contraídas en el contexto de la alerta sanitaria por Covid-19.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la resolución 948, cuyo objetivo es pedirle al Gobierno implementar todas las medidas legales y administrativas que se encuentren a su alcance para evitar cortes en el suministro de luz eléctrica y agua potable a personas mayores beneficiarias de la pensión básica solidaria.
La Pensión Básica Solidaria es una pensión que el Estado paga mensualmente a las personas que por diversos motivos no reciben ningún tipo de pensión, ya sea porque no cotizaron nunca en el Sistema de Pensiones o porque habiéndolo hecho, se le agotaron los fondos que tenía en su cuenta y, por consiguiente, también su pensión.
El texto señala que, durante la pandemia de Covid-19, este grupo etario no sólo sufrió a causa de las medidas vinculadas al confinamiento. Además, estuvo afectado económicamente. Esto, teniendo en cuenta que muchos de ellos aún se encuentran realizando trabajos informales para cubrir sus necesidades básicas.
Los requisitos son: 1.-No recibir ningún tipo de pensión. 2.- Tener 65 años o más, mujeres y hombres. 3.- Haber vivido a lo menos 20 años en Chile. 4.- Pertenecer al 60% más pobre de la población
Considerando esta situación, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Servicios Básicos, que permitió prorratear deudas impagas de luz y agua. Así, la Ley 21.423 beneficia a usuarios con deudas morosas entre el 18 de marzo de 2020 al 31 de diciembre 2021. Junto a ello se exige que hayan tenido un consumo promedio mensual no superior a los 25 Kwh.
Sin embargo, el documento advierte que esta es una medida insuficiente, pues, actualmente, existen muchas personas mayores que solo cuentan con una pensión básica solidaria para llegar a fin de mes. Por otro lado, la inflación ha encarecido el costo de vida durante los últimos meses, dificultando que este grupo etario pueda pagar lo programado.
Por esta razón, la Sala pide al Ejecutivo realizar los esfuerzos necesarios para poder evitar la suspensión de estos servicios. Se observa que si un adulto mayor no se encuentra con estos servicios corre el riesgo de ver afectada su salud física y mental.
La resolución la presentaron las/os diputadas/os UDI Marta Bravo, Jorge Alessandri, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Joaquín Lavín, Cristhian Moreira, Marco Antonio Sulantay, Renzo Trisotti, y Flor Weisse. También la firma la independiente Marlene Pérez.