A través de solicitudes de resolución, también se propuso crear una fuerza de elite para combatir bandas criminales y mejorar condiciones de suboficiales de carabineros y la PDI, entre otras materias.
Mediante la aprobación unánime de la resolución 1260, la Cámara solicitó al Presidente de la República destinar los recursos necesarios para brindar un mayor número de atenciones del área de salud mental, al interior del sistema de atención primaria.
La solicitud se respalda en datos de la Encuesta Nacional de Salud, que da cuenta que la tasa de enfermedades mentales en Chile es del 23,6% pero la cobertura en materia de salud mental es de sólo un 20%.
Esto se suma a que, de acuerdo al Plan de Acción de Salud Mental 2019-2025 del Ministerio de Salud, faltan 921 médicos psiquiatras y 421 psicólogos/as para la atención ambulatoria adulto e infanto-adolescente.
La Sala también respaldó la resolución 1262, de los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, que pide al gobierno mejorar las condiciones del personal de las plantas de suboficiales de Carabineros y la PDI (aprobada por 137 votos).
Para ello, se plantea incrementar el salario del personal de los escalafones bajos, en especial de los grados de Carabineros, Cabo 2º y Cabo 1º y sus homólogos en la PDI.
Por otro lado, el documento plantea que es necesario promover una policía profesional y darle garantías a los funcionarios que se reconoce su ardua labor. Así como, evitar puedan ser “tentados” por el crimen organizado, a través de incentivos económicos.
Asimismo, la resolución 1263 plantea crear una “Fuerza de Elite” integrada por expertos en materia de inteligencia y funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.
Estos profesionales deberán contar con una preparación especializada para combatir, con dedicación exclusiva, coordinada y estratégica, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Esto en consideración a las circunstancias actuales de inseguridad que afectan a Chile y las nuevas modalidades de dichas asociaciones.
Por otra parte, la Sala respaldó la resolución 1261, que pide al Ejecutivo instruir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios caducar la concesión de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., en la localidad de Los Molles.
El documento aprobado por 77 votos afirmativos, 11 en contra y 42 abstenciones, también solicita iniciar la evaluación de caducidad en las comunas de Los Vilos, Padre Hurtado y Temuco.
El texto destaca el trabajo de la Comisión Investigadora (CEI 35) que fiscalizó los actos de gobierno por los problemas sanitarios ambientales generados por dicha empresa, que presenta incumplimientos reiterados de las normativas y tiene procesos sancionatorios abiertos permanentemente.
Los autores de la resolución son las diputadas María Francisca Bello (FA), Nathalie Castillo (PC), Viviana Delgado (IND), Marta González, (IND), Emilia Nuyado (PS), Ericka Ñanco (FA) y Carolina Tello (PC), junto a los diputados Miguel Mellado (RNH) y Víctor Alejandro Pino (DEM).
