Diciembre es un mes frenético para los asesores legales de producciones audiovisuales. El motivo es que la recta final de año es una carrera para cerrar la mayoría de los proyectos en los que se aplican incentivos fiscales. “La intensidad y la carga de trabajo es enorme y, por tanto, la presión”, reconoce Inés de Casas, abogada asociada del área de media & entertainment de Elzaburu, una firma especializada en propiedad intelectual e industrial. El despacho dirigido por Mabel Klimt ha asesorado recientemente documentales estrella como Soy Georgina (Netflix) e Isabel Preysler: mi Navidad (Disney +) y películas como Culpa mía (Amazon Prime) y Amanece en Samaná (en cartelera).
El equipo legal de una película, serie o documental rara vez aparece en la ficha técnica de la producción, pero sí se les menciona en los títulos finales. “Casi siempre nos incluyen en los créditos del proyecto y nos hace mucha ilusión”, comenta De Casas. Lo cierto es que los abogados están presentes desde el inicio, el momento mágico en que creadores y productores dan con una historia potente que llevar a la pantalla. En esta primera fase, los letrados ayudan a perfilar el proyecto con enfoques que sirvan, entre otras cuestiones, para proteger el guion o argumento y conseguir ayudas y financiación. Lo habitual es que sea el productor quien los contrate. “Normalmente se trata de un asesoramiento 360, pero en ocasiones se requieren, por ejemplo, los servicios puntuales de un experto en fiscal”, explica Inés de Casas.
El teléfono de los abogados echa humo especialmente en la fase de desarrollo de la idea. Este es el momento en que “se cierran los contratos y se decide cómo llevar a buen puerto el proyecto y la historia. Una vez rodada la película, es más complicado cambiar las cosas”, cuenta Araceli Pérez-Rastrilla, productora de La Vida SL, una empresa que también se dedica a la distribución, y que cuenta en su porfolio como productora ejecutiva con cintas como Venus (2022) o Culpa mía (2023).
Hay asuntos legales cuya negociación puede llegar a retrasar el proyecto, como cuando hay que “comprar los derechos de adaptación de un libro”, apunta Pérez-Rastrilla. Inés de Casas reconoce que como abogada esta es la parte de su trabajo que más disfruta, que, a la vez, puede ser una de las más duras cuando, en ocasiones, “tienes que decir al cliente que debe modificar el guion o aspectos creativos de su idea original por aplicación de la normativa de propiedad intelectual”.
Antes de comenzar el rodaje, los asesores legales ayudan a conseguir el maná de la financiación a través de contratos de coproducción con plataformas o televisiones o con ayudas públicas e incentivos fiscales. Y es que una de las patas fundamentales de estos proyectos es su estructuración financiera. En 2023, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) concedió ayudas por un importe de cerca de 153 millones de euros.
Con la luz verde al proyecto, los abogados redactan y revisan los contratos con actores, técnicos y demás personal. También gestionan los permisos para grabar en las localizaciones elegidas, contratan seguros y controlan posibles publicidades de productos que aparezcan en algunas tomas.
Rodaje
Los directores a veces tienen que echar mano de un abogado en plena grabación de la película. Los letrados están de guardia en días complejos en los que pueden surgir problemas con los permisos o situaciones inesperadas. “Recuerdo un rodaje en una calle cortada con 150 personas en el que hubo que negociar con una anciana que no quería que apareciese el portal de su casa”, cuenta De Casas. El equipo legal revisa fotograma a fotograma para asegurarse de que la producción cuenta con todos los permisos necesarios para que aparezcan las personas y objetos en escena, lo que se denomina clearance legal.
El proceso de posproducción es una fase en la que se necesita los ojos expertos y meticulosos de los abogados, que se ocupan de revisar que todo esté bien atado: derechos para reproducir una determinada música, justificantes de gastos para subvenciones o incentivos fiscales, etc. También preparan los contratos de comercialización con las plataformas, distribuidoras, o la exhibición en festivales de cine. “Cuando ves que un proyecto en el que has trabajado durante varios años por fin se estrena con éxito es muy gratificante”, expresa Inés de Casas. Y tras el debut los abogados se ponen la capa de superhéroes para vigilar que la cinta no se reproduzca sin autorización y gestionar los correspondientes contratos con plataformas interesadas.
Un seguro antidramas
Un vaso de Starbucks se convirtió hace años en el protagonista del último capítulo de la conocida serie Juego de tronos. Nadie se percató de que uno de los recipientes del catering contratado para el rodaje se veía al fondo de una de las escenas al lado de Daenerys. Pese a que el director artístico negó que se tratara de un café de la multinacional de la sirena sino de un té de una cafetería local y que la magia del software borró todo vestigio del intruso, el impacto mediático fue millonario. Para evitar que cualquier pequeño error como este salga muy caro se puede firmar un seguro de errores y omisiones (E&O). La póliza proporciona protección frente a posibles reclamaciones de terceros relacionadas con derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen. “Para emitir la póliza se solicita un informe que certifica que en el proyecto se han recabado todas las autorizaciones y cesiones de derechos necesarias”, explica Inés de Casas, de Elzaburu.
